Por primera vez, un dirigente político importante denuncia directamente al PAMI, la obra social de los jubilados que viene acumulando escándalos. Se trata del radical Esteban Santoro, intendente de General Madariaga, quien hizo una presentación conjunta con la Unidad Fiscal especializada en el PAMI en la que pide investigar los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y fraude en perjuicio de la administración pública.
Sucede que, desde diciembre pasado, PAMI reasignó sin aviso casi todos los pacientes de Madariaga de la obra social, quitándole al hospital municipal 3.000 cápitas por guardia, atención e internación, para reasignarlos a una clínica privada del distrito, el Instituto Médico Madagariense.
La asignación de cápitas por parte del PAMI a un centro de salud implica el giro de fondos. Fuentes al tanto del caso señalaron a LPO que por esta maniobra la clínica elegida a dedo por las autoridades de la obra social de los jubilados recibirá más de 80 millones por mes por servicios que, por lo general, no presta.
Se trata de una maniobra extendida en el gobierno libertario, según explicó el portal La Política Online (LPO). Lo mismo ocurrió en la delegación del PAMI en Jujuy, donde se derivaron pacientes a la clínica del diputado libertario Manuel Quintar, revelado oportunamente por LPO.
El Pami depende del ministro de Salud, Mario Lugones, que ubicó al frente de la obra social a Esteban Leguizamo. Lugones, que viene del negocio de la salud privada (es uno de los socios del Sanatorio Güemes), es el padre de Rodrigo Lugones, socio en la consultora Move del estratega presidencial Santiago Caputo.
Según la denuncia presentada por Santoro el pasado 18 de mayo, el PAMi también asignó a Instituto Médico Madariaguense la atención de jubilados de otros municipios de la Región, algunos distantes a más de 70 kilómetros, quitándole la cápita (y los recursos) a los hospitales municipales que, de todas maneras, terminan atendiendo a los afiliados.
La presentación tuvo un efecto expansivo y empezó a impactar en Pinamar y Villa Gesell, donde ya hay funcionarios locales denunciando esta situación. Por eso, hay quienes sospechan que el caso va a destapar maniobras similares en otros distritos.
De hecho, hoy el secretario de Salud de Villa Gesell, Dr. Jorge Villalba, y el abogado del municipio de Madariaga, Dr. Leandro Alonso, expresaron su preocupación ante lo que consideraron un recorte arbitrario e injustificado del sistema de cápitas que perjudica la atención médica de alrededor de 10.000 afiliados del PAMI en la zona y configura una grave situación de desfinanciamiento en perjuicio de los hospitales municipales de ambos distritos.
“Estamos trabajando intensamente para revertir esta situación que representa un perjuicio económico para el hospital geselino de 12 millones de pesos mensuales debido al redireccionamiento de las prestaciones hacia clínicas privadas alejadas de la ciudad”, señaló el Dr. Villalba.
Por su parte, el Dr. Alonso subrayó el carácter sistemático y alarmante del “desvío de cápitas hacia prestadores ubicados a más de 100 kilómetros de distancia en algunos casos para el módulo de Guardia, lo cual claramente es un disparate”. Al respecto añadió: “No hablamos de un botón mal apretado, sino de una acción deliberada que podría implicar responsabilidades penales”.
Alonso informó que se solicitó una pericia sobre el sistema informático del organismo nacional y que desde la Unidad Fiscal de Investigaciones del PAMI van a presentar una denuncia en la justicia federal, acompañando la denuncia que presentó 10 días atrás la Municipalidad de Madariaga.
“Hay claramente un mal desempeño de funcionario público, donde se están afectando las arcas municipales y donde incluso podría existir la posibilidad de una asociación ilícita entre los funcionarios de PAMI y prestadores de la clínica privada”, remarcó el abogado de Madariaga.
En este contexto, el Dr. Villalba anticipó que la Municipalidad de Villa Gesell también está trabajando activamente en la preparación de una denuncia formal que será elevada a la Justicia, en busca de esclarecer lo ocurrido, restituir los derechos vulnerados y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Ambos municipios exigen una urgente intervención de las autoridades nacionales para revertir esta situación y garantizar la continuidad de la atención médica de calidad en los hospitales públicos. “El Estado no puede ser insensible frente a este atropello. Esto no sólo afecta las arcas municipales, sino también la salud y la dignidad de miles de jubilados y jubiladas que han aportado toda su vida y hoy son víctimas del abandono”, concluyó Villalba.
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