Cuando un municipio no puede comprar medicamentos, postergar un arreglo de calles o dejar sin cubrir un servicio esencial, muchas veces la explicación está en una palabra poco conocida pero fundamental: coparticipación.
¿QUÉ ES LA COPARTICIPACIÓN?
Es el mecanismo por el cual la Nación reparte parte de lo que recauda en impuestos entre las provincias, y a su vez la Provincia de Buenos Aires transfiere una parte a los 135 municipios. Se trata de la principal fuente de ingresos para la gran mayoría de los distritos bonaerenses.
Los fondos salen, en su mayoría, de tributos como el IVA, Ganancias y el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, que recauda la AFIP y luego reparte. La provincia de Buenos Aires recibe cerca del 22% de esa torta nacional, y de lo que recibe, aproximadamente un 16% se redistribuye a los municipios.
¿CÓMO SE CALCULA CUÁNTO RECIBE CADA MUNICIPIO?
El reparto se hace a través del Código Único de Distribución (CUD). Este índice se calcula anualmente y pondera variables como:
Cantidad de población (35%)
Servicios de salud pública brindados (37%)
Infraestructura educativa y social
Extensión territorial
Recaudación propia
En resumen: municipios con hospitales, centros de salud, mayor población y buen desempeño administrativo, reciben más.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO AHORA?
En el último mes, los municipios de la provincia de Buenos Aires sufrieron una caída histórica del 12,3% en términos reales (ajustada por inflación) en la coparticipación. La cifra representa millones de pesos menos que deberían haberse destinado a pagos de salarios, ambulancias, comedores, obras barriales o subsidios sociales.
Pero los efectos ya no son teóricos: en Villa Gesell la crisis obligó a declarar la emergencia económica. Desde la gestión del intendente Gustavo Barrera confirmaron que este mes solo podrán pagar en tiempo y forma a los empleados municipales, dejando sin fecha de cobro definida a funcionarios con cargos políticos y a todo el personal del Concejo Deliberante.
El interrogante es claro: ¿qué pasará con esos trabajadores? ¿Cuánto falta para que otras comunas enfrenten situaciones similares?
¿POR QUÉ CAYÓ TANTO LA COPARTICIPACIÓN?
La respuesta no es técnica: es política y está directamente relacionada con el modelo económico de Javier Milei.
Desde su asunción, el gobierno nacional aplicó un plan de ajuste fiscal sin precedentes, con recortes en obra pública, jubilaciones, asistencia social y transferencias automáticas a provincias. La recesión inducida, con caída del consumo y de la actividad económica, desplomó la recaudación de los impuestos coparticipables.
Menos consumo = menos IVA. Menos actividad = menos Ganancias. Menos recaudación = menos coparticipación.
El ajuste no es solo un Excel en Balcarce 50. Es una bomba de tiempo en cada municipio, donde se gestiona lo urgente: salud, limpieza, seguridad, asistencia, sueldos. Y ahora, con menos plata.
¿ES LA PRIMERA VEZ QUE PASA?
No. Pero la magnitud y velocidad del ajuste actual no tiene antecedentes desde el retorno democrático. Según datos del propio Ministerio de Economía bonaerense, la Provincia dejó de percibir más de $140.000 millones en un solo mes por la caída de transferencias nacionales automáticas.
Este modelo traslada el déficit nacional a las provincias y a los municipios, que no pueden emitir moneda ni endeudarse como la Nación. Por eso el ajuste se siente en lo más cotidiano: falta de personal en los CAPS, subsidios de transporte en riesgo, suspensión de obras, cortes en entregas de alimentos y demora en pagos a proveedores locales.
En las últimas cuatro décadas de democracia argentina solo hubo una ocasión en que los municipios padecieron una caída de ingresos similares —e incluso más profundas— que las que se viven ahora: la crisis de 2001–2002.
La diferencia es que hoy, aunque los episodios son graves, todavía no se han consolidado en una crisis económica y social de esa magnitud. Si el ciclo recesivo se profundiza, podríamos estar ante un escenario más peligroso que el de hace dos décadas. La crisis actual todavía no tiene la violencia social de 2001, pero es más peligrosa porque está planificada, desregulada, sin red de contención y con un Estado que en vez de contener, deserta. El gobierno de Javier Milei no busca evitar el colapso del Estado: lo promueve como parte de su doctrina “anarcocapitalista”. Así, el ajuste no frena con el sufrimiento social, sino que lo considera un daño colateral aceptable o incluso necesario.
¿POR QUÉ TODO ESTO IMPORTA?
Porque golpea directo a la vida de los trabajadores, de las familias, de quienes esperan una respuesta del Estado local. Mientras el gobierno nacional celebra su superávit, los intendentes deben elegir si pagan sueldos o si mantienen abiertos los servicios esenciales.
La coparticipación no es una discusión de contadores ni de tecnócratas. Es una red de sostenimiento comunitario que, si se rompe, la sufre cada vecino.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.
25 de marzo. La medida busca frenar el conflicto por la posible pérdida de 42 puestos de trabajo vinculados al servicio de recolección y barrido urbano. Duras críticas de Pablo Moyano al intendente Gustavo Barrera.
17 de marzo. El Partido Justicialista de Mar Chiquita presentó en Santa Clara del Mar a la nueva lista de conducción, en un acto encabezado por el senador Jorge Paredi, el intendente Walter Wischnivetzky y el presidente electo del PJ, Fabián Jacquet.