El primer y principal hotel de los que están instalados en el interior del Parque Termal reclama a la Municipalidad de Dolores una cifra superior al presupuesto de un año por incumplimiento en la provisión de agua termal.
Se trata del Resort Spa Termal, que hasta la pandemia se llamaba Howard Johnson Dolores. Según informó el jefe de Gabinete de la comuna, Sebastián Tamagno, la empresa HTD S.A. reclama a la comuna 21 mil millones de pesos por un contrato firmado en 2013 por el entonces intendente Camilo Etchevarren. El presupuesto de este año de la comuna es de 18.000 millones de pesos, explicó el funcionario.
En diálogo con ENTRELINEAS.info comparó el caso con el de la ciudad de Chascomús que vio seriamente comprometidas sus finanzas por el reclamo judicial de los ganadores de una rifa cuyo premio nunca se pagó. “Esto es igualmente una hipoteca histórica para la ciudad”, señaló.
Tamagno dijo que por el contrato mencionado, la comuna se comprometía a otorgar 5m3/hora de agua termal para alimentar las piletas del hotel por 50 años, cuando contaba con una autorización provincial por sólo 4 años. Además le otorgó a los primeros adjudicatarios –que luego cedieron los derechos a la empresa HTD SA- el monopolio de la instalación de hoteles de similar categoría en el lugar.
El Jefe de Gabinete municipal indicó que de igual manera se les otorgó indemnidad ambiental, por cuanto “se obliga a mantener indemnes a los adjudicatarios frente a cualquier reclamo originado en cuestiones ambientales”.
Tamagno también aludió a que el reclamo fue presentado después de que Etchevarren dejara el gobierno comunal y consideró que este es uno de los graves puntos de la herencia recibida por la gestión de Juan Pablo García, el actual alcalde dolorense.
El funcionario informó que por ahora el trámite sigue la vía administrativa pero que evidentemente deberá continuar en la Justicia. “No tenemos los originales de ningún expediente, lo que nos deja en inferioridad de condiciones para litigar”, consideró y volvió a acusar a la gestión anterior de formatear los discos rígidos de las computadoras del área jurídica para complicar a la gestión subsiguiente.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.
18 de mayo. El jefe comunal de Chascomús destacó la importancia de esta agrupación, que está integrado por distritos de hasta 60.000 habitantes, en el desarrollo regional.
15 de mayo. La medida se tomó “ante la falta de respuestas concretas el del Ejecutivo municipal”. El Sindicato señaló que, luego de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, continúa a la espera de la conciliación obligatoria solicitada.
14 de mayo. Tras un tratamiento exprés en las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, lograron el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas. Ahora buscan que se debata en el recinto el próximo miércoles.
12 de mayo. El gobierno bonaerense confirmó el inicio de un proceso que culminará con el pase del complejo a la órbita municipal tras la finalización de las obras. Desde el Municipio reclamaron que la devolución sea “completa, de inmediato y sin vueltas”.
06 de mayo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó este miércoles en varios actos junto a miembros de su gabinete. “Aquí no hay lugar para la motosierra”, aseveró.
05 de mayo. Algunos ediles se retiraron custodiados por las fuerzas de seguridad en un clima caldeado por los reclamos de trabajadores municipales y camioneros, que hoy están de paro. En tanto, el intendente Gustavo Barrera firmó el decreto para prorrogar por un año la emergencia pública.
03 de mayo. Un informe periodístico que publica este domingo el diario Clarín expone detalles de un viaje del actual jefe de Gabinete en 2024, con costos superiores a los $9 millones y cancelaciones realizadas meses después. El caso vuelve a tensionar al Gobierno nacional.