A través de un informe titulado "La violencia estatal desplegada por el gobierno municipal de General Pueyrredon", la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) recopiló el accionar de la Patrulla Municipal durante el 2024 y el 2025 y expuso la violencia estatal desplegada por el municipio contra los sectores más vulnerables de la población: personas en situación de calle y personas que realizan tareas de subsistencia, especialmente cuida coches ("trapitos") o limpiavidrios.
La CPM, que viene siguiendo de cerca lo que sucede en Mar del Plata con los polémicos operativos callejeros del intendente de Guillermo Montenegro, a quien ya denunció penalmente en enero pasado, brindó detalles de un nuevo habeas corpus colectivo presentado ante la Justicia local, a quien instó a “poner un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.
El informe está centrado en la política policial desplegada por el gobierno de Montenegro contra personas en situación de calle y aquellas que realizan “tareas de subsistencia” como cuidacoches y limpiavidrios, y fue presentado este lunes en sede de la Asociación Judicial Bonaerense, con participación de referentes de la Comisión como Roberto Cipriano García, Guillermo Torremare y Sandra Raggio, según informó el portal Qué Digital.
“Esta política se asienta en discursos y acciones que estigmatizan a estos sectores y los asocian de manera automática a la comisión de delitos, lo que constituye un posicionamiento estatal violento, expulsivo y discriminatorio", introdujeron desde la CPM al tiempo que remarcan su postura respecto a las funciones que está cumpliendo Patrulla y que, consideran, exceden las facultades de una fuerza municipal como por ejemplo en cuanto a la portación de armas, aprehensiones, cacheos o secuestro de pertenencias.
También, más allá de ese debate sobre las facultades, también señalan acciones “abiertamente ilegales” que aseguran llevan adelante los agentes que la conforman, tales como violencia física, verbal o psicológica, agresiones e incluso robo de pertenencias. Al respecto, recordaron la postura adoptada por el intendente ante los golpes de un agente contra una persona ya reducida, lo que catalogaron como un delito que no solo no fue denunciado por el intendente sino que lo “promovió” con su ya elocuente estrategia comunicacional.
Y en cuanto al accionar de la Patrulla, aseguran que despliega prácticas “asimilables a grupos de tareas” -nombre con el que se suele llamar a grupos parapoliciales que actuaron antes y durante la última dictadura militar- por hacerlo, por ejemplo, de noche y encapuchados.
En ese sentido, desde la CPM remarcaron tanto la presentación de denuncias penales -que además de la propia, habría al menos otras cinco en curso– como también acciones colectivas de habeas corpus para que el Poder Judicial intervenga y frente a los operativos y las acciones a nivel político, donde buscó que el Concejo Deliberante investigue estos hechos, pero el oficialismo, con mayoría automática, archivó el pedido.
A lo largo del informe, desde el organismo repasan los distintos hechos protagonizados por la Patrulla, grabados en video, ocurridos al menos desde mediados de 2024 y con especial énfasis durante la temporada de verano y que el propio intendente publica a través de sus redes sociales con posteos que denotan el tono burlón, despreciativo, estigmatizante y violento que busca instalar el jefe comunal.
Así, más allá de generalizaciones y punitivismo, también se incluyen en esos mensajes oficiales hasta la celebración de expulsiones de ciudadanos en evidente estado de vulnerabilidad, tal como fue el caso de un hombre mayor que vivía en las inmediaciones de una cadena de restaurantes, a quien se jactó de subir a un colectivo “para que vuelva a su ciudad de origen” y, de esa forma, no permitir “que el restaurante de los mejores ñoquis verdes soufflé gratinados del mundo tuviera que lidiar con esta situación”.
“Sin dudas, la política desplegada por el municipio y sostenida públicamente por el intendente se asienta en discursos de odio que promueven e incitan a la hostilidad hacia determinados grupos especialmente vulnerables“, sintetizan desde la CPM.
LA RESPUESTA DE MONTENEGRO A LA CPM
AVISO IMPORTANTE A LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: sus impuestos se van en este organismo que no presenta ni un balance, ni una rendición, ni un presupuesto.
— Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) April 8, 2025
Y a la Comisión Provincial por la Memoria, que dice ser el mecanismo local de prevención de la tortura,… https://t.co/olx3In2Gwc
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.