El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, ratificó su reclamo para que las localidades turísticas de la Costa Altántica sean contempladas por el gobierno nacional a la hora de tomar medidas paliativas en el contexto de recesión económica que vive el país.
El jefe comunal peronista analizó la actualidad del sector turístico en el marco de la apertura del II Congreso Productivo Bonaerense, que se desarrolla en Mar del Plata, y pidió al Poder Ejecutivo Nacional la restitución del fin de semana largo de agosto.
“Para nosotros los fines de semana largo significan trabajo, por eso estamos pidiendo al gobierno de la Nación que el próximo feriado del sábado 17 de agosto se pase al lunes 19 para poder tener un fin de semana largo”, afirmó Barrera.
El intendente de Villa Gesell justificó el pedido en la recesión que afecta al sector desde finales del año pasado, cuando la devaluación y las medidas económicas implementadas Javier Milei y Luis Caputo profundizaron la crisis y provocaron una caída en la cantidad de turistas y consecuentemente, del consumo.
“En Villa Gesell, recibimos 300.000 turistas menos en la última temporada”, detalló el jefe comunal y argumentó que “el turismo es clave para generar empleo y motorizar nuestras economías”, en relación a la necesidad de establecer el fin de semana largo.
Gustavo Barrera formó parte de la mesa “El turismo como herramienta de desarrollo” junto a Andrés “Cuervo” Larroque, Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, y Ayelén Durán, Senadora de la Provincia.
Desde el Congreso Productivo Bonaerense, Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, acompañó el pedido de Barrera y contó que desde la administración de Axel Kicillof se están realizando todas las gestiones para que el feriado se corra efectivamente al lunes 19.
Vale destacar que la solicitud para restituir el fin de semana largo con fines turísticos fue presentada y aprobada por unanimidad en el Consejo Federal de Turismo, que se desarrolló el mes pasado en Puerto Madryn y contó con la presencia de Daniel Scioli, secretario de Turismo nacional, quien se comprometió a elevar el pedido al Ministerio del Interior.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.