La audiencia entre dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes (SUTPA) y representantes de AUBASA, que había convocado el Ministerio de Trabajo, no llegó a buen puerto, por lo que los trabajadores resolvieron continuar por tiempo indeterminado con la medida de fuerza que iniciaron hace casi una semana y las barreras de los peajes continuarán levantadas.
Mientras tanto, desde la empresa aseguraron que “no hubo despidos ni reducción de personal” y se continúan con el “saneamiento que comenzamos con esta gestión”.
“Desde el Ministerio nos piden que acatemos la conciliación obligatoria, para nosotros hacerlo sería seguir avalando a un dictador adentro de la empresa, así que vamos a seguir con la medida de fuerza en AUBASA hasta que saquen a este impresentable”, aseguraron fuentes del gremio en referencia al presidente de la empresa, Ricardo Lissalde.
De esta manera, continuarán las barreras levantadas en los peajes de la Autopista La Plata-Buenos Aires, la Autovía 2 y las rutas 11 y 74, que junto a la 56 y 63 son trazas administradas por AUBASA.
Además, anticiparon que “la medida seguramente se extienda con asambleas a lo largo de todo el país en solidaridad con lo que están padeciendo los trabajadores de AUBASA”, y que “si nadie se contacta con nosotros vamos a seguir con la medida de fuerza por más que haya sanciones”.
Desde la empresa pública que administra las autopistas, en tanto, afirmaron que “hay información sobre AUBASA que circula y no es real”.
Entonces, aclararon que la audiencia pública sobre los peajes “prevé aumentos de 90% a partir del 1º de diciembre y 35% a partir del 1º de marzo de 2023”. Reconocen que “son fuertes saltos, pero recupera lo que no se aumentó durante la pandemia, donde se mantuvieron las tarifas dada la situación que vivíamos”.
Según AUBASA, “esto continua la política de saneamiento de la empresa que comenzamos con esta gestión”. Lo que llevó a que “a partir de nuevas licitaciones públicas y eliminación de intermediarios en los distintos servicios que ofrece la empresa (corte de pastos, seguros, programas informáticos, ropa de trabajo, etc.) se han ahorrado anualmente $ 825.221.559 y US$ 376.600”.
“En la empresa no hubo despidos ni reducción de personal”, finaliza el breve comunicado.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.