La Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONUN, que encabeza el jurista peruano Diego García Sayán, envió un informe a la Cancillería argentina para que en un plazo máximo de 60 días al Gobierno conteste los cargos sobre presiones, arbitrariedades, persecuciones y manipulaciones.
Los casos que el Relator Especial mencionó puntualmente son el de la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien debió renunciar tras diferentes presiones, el del juez federal Alejo Ramos Padilla, sobre quien se promovió un pedido de jury. El magistrado de Dolores tiene en sus manos una investigación que involucra al Gobierno en el marco de una trama de agentes de inteligencia, jueces y políticos que espiaban y extorsionaban a su favor.
El escrito también hace énfasis en el accionar del Gobierno frente a los fiscales de la causa del Correo Argentino que, como se recuerda, afectaba principalmente al presidente, quien le perdonó una deuda millonaria a la empresa que había manejado su padre y por lo tanto, al Grupo Macri. El documento también puntualiza la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
“Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”, expresó García Sayán en el documento que reveló el portal El Cohete a la Luna.
“Estos ataques, presuntamente, se llevaron a cabo en sintonía con los principales medios de comunicación, que también tendrían intereses en otras áreas de la economía y, por ello, identificarían al derecho laboral y a los jueces de dicho fuero como un obstáculo para sus intereses”, sostuvo el relator especial de Naciones Unidas.
El gobierno de María Eugenia Vidal también está incluido en el pedido de explicaciones de la ONU, que consta de 15 páginas. Allí se alude al polémico accionar del ejecutivo provincial en el marco de la designación –en un año de comicios– de un magistrado afín a la gobernadora, Juan Manuel Culotta, como juez federal electoral, informó Infocielo.
Así, Culotta extendió su competencia como juez federal de Tres de Febrero hacia toda la Provincia. Lo llamativo, es que según García Sayan, el propio Culotta tendría vínculos personales con Macri y con Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica del gobierno nacional.
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