La Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONUN, que encabeza el jurista peruano Diego García Sayán, envió un informe a la Cancillería argentina para que en un plazo máximo de 60 días al Gobierno conteste los cargos sobre presiones, arbitrariedades, persecuciones y manipulaciones.
Los casos que el Relator Especial mencionó puntualmente son el de la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien debió renunciar tras diferentes presiones, el del juez federal Alejo Ramos Padilla, sobre quien se promovió un pedido de jury. El magistrado de Dolores tiene en sus manos una investigación que involucra al Gobierno en el marco de una trama de agentes de inteligencia, jueces y políticos que espiaban y extorsionaban a su favor.
El escrito también hace énfasis en el accionar del Gobierno frente a los fiscales de la causa del Correo Argentino que, como se recuerda, afectaba principalmente al presidente, quien le perdonó una deuda millonaria a la empresa que había manejado su padre y por lo tanto, al Grupo Macri. El documento también puntualiza la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
“Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”, expresó García Sayán en el documento que reveló el portal El Cohete a la Luna.
“Estos ataques, presuntamente, se llevaron a cabo en sintonía con los principales medios de comunicación, que también tendrían intereses en otras áreas de la economía y, por ello, identificarían al derecho laboral y a los jueces de dicho fuero como un obstáculo para sus intereses”, sostuvo el relator especial de Naciones Unidas.
El gobierno de María Eugenia Vidal también está incluido en el pedido de explicaciones de la ONU, que consta de 15 páginas. Allí se alude al polémico accionar del ejecutivo provincial en el marco de la designación –en un año de comicios– de un magistrado afín a la gobernadora, Juan Manuel Culotta, como juez federal electoral, informó Infocielo.
Así, Culotta extendió su competencia como juez federal de Tres de Febrero hacia toda la Provincia. Lo llamativo, es que según García Sayan, el propio Culotta tendría vínculos personales con Macri y con Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica del gobierno nacional.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.
18 de mayo. El jefe comunal de Chascomús destacó la importancia de esta agrupación, que está integrado por distritos de hasta 60.000 habitantes, en el desarrollo regional.
15 de mayo. La medida se tomó “ante la falta de respuestas concretas el del Ejecutivo municipal”. El Sindicato señaló que, luego de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, continúa a la espera de la conciliación obligatoria solicitada.