A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno brinda una recompensa de $ 500.000 para quienes puedan aportar datos sobre los asesinos de Rubén Darío Jerez, quien desapareció en 2001 y cuyo caso sigue sin resolverse. También ofreció un monto de dinero idéntico para aquellos que -sin haber participado del delito- brinden información que permita dar con su cuerpo. Ambas decisiones fueron comunicadas mediante la Resolución 659/2019, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Jerez fue visto por última vez el 25 de octubre de 2001, cuando tenía 49 años y trabajaba como repartidor de productos de la empresa Arcor. Ese día fue a un local de Santa Teresita con la intención de cobrar una deuda. Al salir de allí se encontró con un hombre con el que conversó durante unos minutos. Luego se subió a su auto, estacionado en Diagonal 23 y calle 3, y aguardó una hora dentro del coche. Detrás suyo estacionó otro vehículo con dos personas a bordo. Eso fue lo último que se supo de él.
Los que tengan datos para aportar deberán comunicarse telefónicamente al 134, el número del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia (“BUSCAR”).
En la causa, caratulada como "privación ilegal de la libertad, homicidio y desaparición", cinco personas fueron imputadas por encubrimiento agravado: Carlos Subirol; el ex concejal Daniel López; el ex director de Inspecciones Gerardo Ibarra; el chofer y custodio del secretario de Gobierno, Gastón Leandro Alzugaray; Alejandro Muñoz, socio de Comprar SRL, jefe directo de Jerez y amigo personal, y Jorge Grande, secretario de gobierno del entonces intendente radical, Guillermo Magadán.
De acuerdo al fiscal general de Dolores, Diego Escoda, había información suficiente para sospechar que los acusados aportaron datos falsos a la causa "con el fin de ayudar a los autores materiales del hecho". El fiscal los inculpó de haber armado un "plan" que incluyó obligar a un hombre con problemas mentales a declararse culpable del hecho.
Después de 20 días de juicio y de la declaración de unos 400 testigos, en abril de 2013 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Dolores dictó la absolución de todos los imputados. Los jueces fueron en contra de los fiscales, que habían solicitado condenas que iban de los 3 a los 6 años de cárcel, por el delito de encubrimiento agravado.
El fallo fue apelado por la fiscalía y por Viviana Zubiaurre, la esposa de Jerez, quienes consideraron que en el debate oral se había hecho una valoración "absurda" de la prueba. Así, la sentencia del TOC 2 fue anulada por la sala IV del Tribunal de Casación Penal y esa anulación, confirmada en mayo de 2016 por la Suprema Corte bonaerense, que ordenó hacer un nuevo juicio "con la premura que el caso amerita".
Sin embargo, esa orden no pudo cumplirse hasta ahora porque el tribunal oral Nº 2 de Dolores, constituido por los jueces Emiliano Lazzari, María Eva Merlo e Inés Olmedo, dictaminó que la causa estaba prescripta por cuanto “durante el período comprendido entre el 21 de febrero de 2011 y el 21 de febrero de 2017 no medió acto interruptivo alguno del curso de la prescripción de la acción penal en esta causa”.
No obstante, y mientras se sustancia el recurso de apelación ante Casación contra el fallo que declaró la prescripción de la causa por encubrimiento, el fiscal Diego Bensi sigue tratando de develar qué pasó con Jerez, con el genuino e inclaudicable propósito de “darle una respuesta a la familia”. “Esta causa nunca se va a archivar”, dijo Bensi. Que así sea.
04 de septiembre. El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, adelantó los plazos previstos para las dos obras que transformarán la circulación por el corredor de la Costa Atlántica. El tramo de 72,4 kilómetros hacia Mar Chiquita atraviesa su etapa final, mientras que la nueva autovía de 48 kilómetros entre Mar de Ajó y Pinamar se licitará en octubre. “Viajar va a ser más ágil y más seguro, y eso nos beneficia a todos”, afirmó.
28 de agosto. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, firmó un convenio con el intendente Juan Pablo García para la construcción del edificio y el dictado por parte de universidades nacionales de carreras referidas al área de nuevas tecnologías.
28 de agosto. La ciudad lanzó la campaña “Sin ir más lejos” para la próxima temporada de verano y confirmó que, desde noviembre, la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica local se integrará a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina.
24 de agosto. El jefe comunal peronista, que gobierna el distrito desde 2011, explicó que se trata de “una decisión familiar y personal” aunque aclaró: “No piensen que voy a dejar de hacer política”.
21 de agosto. La nueva casa para el deporte dolorense, una obra que permaneció inconclusa durante más de 16 años, está destinada a los clubes, las escuelas y los deportistas locales y tendrá una capacidad para albergar 1.400 espectadores.
18 de agosto. Fue luego de una reunión del gabinete municipal, encabezado por el intendente Juan de Jesús, con el gerente general de la empresa, que informó que avanza con la revisión de los casos particulares sobre los que ya fueron realizados reclamos.
12 de agosto. El jefe comunal en uso de licencia y la intendenta interina fueron procesados por haber retenido documentos de votantes en los comicios de 2019, que ganaron por 50 votos. La Justicia comprobó que 19 personas no pudieron votar por la retención de documentos, pero sospechan que el número sería mayor.
11 de agosto. Desde diciembre de 2023, las tarifas eléctricas de EDEA acumulan aumentos que van del 480% al 620%, según la categoría de usuario. Un incremento que tiene su raíz en la profunda transformación de la política energética definida por el gobierno nacional: reducción de subsidios, recomposición del precio mayorista y mayor traslado del costo de la energía a los usuarios. Por qué no todos tuvieron el mismo aumento y cuánto se encareció la electricidad frente al resto de los precios.