Darío Jerez: el Gobierno ofrece una recompensa para esclarecer el caso del vecino de Santa Teresita desaparecido desde 2001

A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno brinda una recompensa de $ 500.000 para quienes puedan aportar datos sobre los asesinos de Rubén Darío Jerez, quien desapareció en 2001 y cuyo caso sigue sin resolverse. También ofreció un monto de dinero idéntico para aquellos que -sin haber participado del delito- brinden información que permita dar con su cuerpo. Ambas decisiones fueron comunicadas mediante la Resolución 659/2019, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Jerez fue visto por última vez el 25 de octubre de 2001, cuando tenía 49 años y trabajaba como repartidor de productos de la empresa Arcor. Ese día fue a un local de Santa Teresita con la intención de cobrar una deuda. Al salir de allí se encontró con un hombre con el que conversó durante unos minutos. Luego se subió a su auto, estacionado en Diagonal 23 y calle 3, y aguardó una hora dentro del coche. Detrás suyo estacionó otro vehículo con dos personas a bordo. Eso fue lo último que se supo de él.

Los que tengan datos para aportar deberán comunicarse telefónicamente al 134, el número del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia (“BUSCAR”).

En la causa, caratulada como "privación ilegal de la libertad, homicidio y desaparición", cinco personas fueron imputadas por encubrimiento agravado: Carlos Subirol; el ex concejal Daniel López; el ex director de Inspecciones Gerardo Ibarra; el chofer y custodio del secretario de Gobierno, Gastón Leandro Alzugaray; Alejandro Muñoz, socio de Comprar SRL, jefe directo de Jerez y amigo personal, y Jorge Grande, secretario de gobierno del entonces intendente radical, Guillermo Magadán.

De acuerdo al fiscal general de Dolores, Diego Escoda, había información suficiente para sospechar que los acusados aportaron datos falsos a la causa "con el fin de ayudar a los autores materiales del hecho". El fiscal los inculpó de haber armado un "plan" que incluyó obligar a un hombre con problemas mentales a declararse culpable del hecho.

Después de 20 días de juicio y de la declaración de unos 400 testigos, en abril de 2013 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Dolores dictó la absolución de todos los imputados. Los jueces fueron en contra de los fiscales, que habían solicitado condenas que iban de los 3 a los 6 años de cárcel, por el delito de encubrimiento agravado.

El fallo fue apelado por la fiscalía y por Viviana Zubiaurre, la esposa de Jerez, quienes consideraron que en el debate oral se había hecho una valoración "absurda" de la prueba. Así, la sentencia del TOC 2 fue anulada por la sala IV del Tribunal de Casación Penal y esa anulación, confirmada en mayo de 2016 por la Suprema Corte bonaerense, que ordenó hacer un nuevo juicio "con la premura que el caso amerita".

Sin embargo, esa orden no pudo cumplirse hasta ahora porque el tribunal oral Nº 2 de Dolores, constituido por los jueces Emiliano Lazzari, María Eva Merlo e Inés Olmedo, dictaminó que la causa estaba prescripta por cuanto “durante el período comprendido entre el 21 de febrero de 2011 y el 21 de febrero de 2017 no medió acto interruptivo alguno del curso de la prescripción de la acción penal en esta causa”.

No obstante, y mientras se sustancia el recurso de apelación ante Casación contra el fallo que declaró la prescripción de la causa por encubrimiento, el fiscal Diego Bensi sigue tratando de develar qué pasó con Jerez, con el genuino e inclaudicable propósito de “darle una respuesta a la familia”. “Esta causa nunca se va a archivar”, dijo Bensi. Que así sea.