El Senado bonaerense aprobó el proyecto impulsado por la legisladora costera, Gabriela Demaría, para modificar el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios con el objetivo de ampliar derechos y aplicar nuevas sanciones.
En detalle, por un lado se busca incluir en la legislación provincial la figura de personas consumidoras hipervulnerables para proteger los derechos de los colectivos más desfavorecidos; y, por otro lado, ampliar las multas y sanciones para quienes infrinjan dicha norma que, por el paso del tiempo, han quedado desactualizadas perdiendo el sentido disuasorio.
En relación al primer punto, la Senadora enmarcó la iniciativa en la asimetría estructural que caracteriza a las relaciones de consumo, habida cuenta que las personas consumidoras ocupan la posición más débil frente a los proveedores de bienes y servicios. “Esta situación se profundiza en algunos casos ya que no todos estamos en iguales condiciones frente al mercado”, explicó.
En ese sentido, incorporar la figura de personas consumidoras hipervulnerables implica reconocer la vulnerabilidad agravada relacionada a diferentes aspectos como la edad, las condiciones psicofísicas y socioeconómicas, entre otros aspectos.
De este modo, el proyecto impulsado por Demaría, presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado, establece que las medidas de protección a las y los consumidores deberán “acentuarse respecto de los consumidores hipervulnerables que pertenezcan a colectivos sociales afectados por causales de vulnerabilidad agravada, desfavorecidos o en desventaja, tales como las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad, entre otros, que se vean afectadas por circunstancias que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores”.
SANCIONES
Asimismo, dispone sanciones más severas en infracciones contra estas personas, que podrán hasta duplicarse en razón de la situación.
El proyecto que pasó a Diputados para su sanción definitiva, modifica el artículo 73 de la Ley 13133, con el objetivo de actualizar y ampliar el monto de la multa aplicable al procedimiento de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires, establecida en el año 2004 y que no han sido modificadas desde entonces, cuyos montos vigentes están fijados en un rango de 100 a 500.000 pesos.
La Legisladora propuso implementar una fórmula móvil de actualización automática, con una multa equivalente a una suma comprendida en la escala de 0.5 a 5.000 salarios mínimos vitales y móviles, para evitar que, como ocurre en la actualidad, pierda el efecto disuasorio con el paso del tiempo. A valores actuales, el tope de la multa pasaría de 500 mil a 272 millones de pesos.
Demaría sostuvo que “la finalidad de las sanciones de este tipo es disuadir la comisión de conductas similares por parte de los proveedores de productos y servicios, buscando de ese modo lograr el objetivo de proteger a las personas consumidoras y usuarias en sus relaciones de consumo. Se advierte que difícilmente pueda tener un gran sentido disuasorio una multa que resulte exigua”.
En esta línea, la Senadora explicó que “con esta medida no solo se busca aumentar el monto efectivo de la multa, sino también implementar un sistema que contemple una fórmula móvil, para evitar su depreciación. La finalidad es proteger a las y los consumidores actuales, como así también a las y los futuros”.
“Es un orgullo para mí que podamos avanzar con este proyecto que viene a ampliar los derechos y a saldar esta deuda con las personas consumidoras de la provincia de Buenos Aires y por ende del conjunto de las y los habitantes de la Provincia”, finalizó Demaría.
#UsuariosYConsumidores
— Gabriela Demaría (@gabidemaria_ok) October 28, 2022
El @Senado_BA dio media sanción a un proyecto que impulsé para ampliar y mejorar los derechos de las personas usuarias y consumidoras de nuestra Provincia en dos cuestiones fundamentales:
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10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.