El Gobierno bonaerense promulgó este viernes la declaración de la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires por el plazo de un año, sancionada el 21 de abril pasado en la Legislatura.
Se trata de una iniciativa impulsada por el gobernador Axel Kicillof, que suspende la ejecución de sentencias de desalojo y los cortes de servicios públicos por falta de pago para esas entidades.
Según el registro publicado en 2020 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, existen más de 400 empresas recuperadas en todo el país, de las cuales al menos 70 se encuentran en territorio bonaerense.
De acuerdo al texto promulgado este viernes, se encuentran alcanzadas por la emergencia “las empresas conformadas como cooperativa de trabajo, o con trámite de constitución, que se encuentren gestionadas por sus trabajadores provenientes de una empresa anterior que entró en cesación de actividades, quiebra, cierre del establecimiento, abandono de los titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de los empleadores, traspasamiento o cesión a favor de los trabajadores de maquinarias, inmuebles o activos, disolución de la sociedad con causal de liquidación o de cierre por cualquier causa”.
La norma, publicada en el Boletín Oficial del distrito, podrá ser prorrogada por el Poder Ejecutivo, “por única vez y por igual término, en caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no han cesado”.
Se trata de una iniciativa que protege a las empresas que hayan sido recuperadas por sus trabajadores y forma parte de las políticas provinciales de acompañamiento y estímulo al movimiento cooperativo bonaerense. Además, declara de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.