La fiscal federal de La Plata, Ana Miriam Russo, solicitó la imputación de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por su rol en la mesa judicial antisindical que salió a la luz tras las revelaciones de la Gestapo macrista.
La misma fue entendida como una derivación de la mesa judicial macrista destinada a perseguir y encarcelar a sindicalistas y opositores.
Ahora, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, debe definir si acepta el pedido de la fiscal Russo e imputa formalmente a Vidal. Por ahora, la calificación penal de la causa es "averiguación de delito".
Qué dice el escrito de Russo
El texto presentado por la fiscal Russo asegura que "se está investigando en autos la supuesta organización de una estrategia, elaborada en el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017".
La misma estaba "dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la Ciudad de la Plata".
Allí también se pide que se levante el secreto de inteligencia para los miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El objetivo es que informen "si alguno de los presentes en la reunión (...) se les ha provisto de aparatos de telefonía encriptada".
En caso de que la respuesta sea positiva, se pide que se "indique el o los números de abonados, y si los mismos han sido devueltos al organismo".
La "Gestapo macrista"
La llamada "Gestapo macrista", por la definición brindada por el exministro de Trabajo de la Provincia, Marcelo Villegas, salió a la luz a raíz de una serie de videos difundidos por la AFI a finales del año pasado. El material muestra un encuentro ocurrido en junio de 2017 en el Banco Provincia de La Plata.
Entre los participantes de la reunión estaban el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; el ex subsecretario de Justicia de PBA, Adrián Grassi; el senador provincial Juan Pablo Allan; y el intendente de La Plata, Julio Garro.
El repudio del Presidente
Este accionar fue fuertemente repudiado ayer por el Presidente Alberto Fernández. "La denuncia es muy preocupante. (Vidal) mandó a un ministro y a un intendente a que reunirse con agentes de inteligencia y empresarios para inventar la manera de meter preso a un sindicalista. Si Vidal cree que eso es una acción institucional, yo me rindo", expresó.
La declaración del mandatario tiene lugar después de que la exgobernadora aseguró que en su gobierno "no hubo ni mesa judicial ni causas armadas ni a sindicalistas ni a nadie".
"Todos aquellos que hoy se invocan como perseguidos fueron investigados por la Justicia no por mi gobierno, con pruebas claras y concluyentes, y por eso se pidió su detención”, argumentó Vidal tras largas semanas de silencio respecto al tema.
Luego, agregó: "Nosotros no armamos ninguna causa. La reunión fue institucional, fue ilegalmente grabada y además fue llamativamente presentada ahora luego de dos años por la AFI".
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.