El gobierno nacional resolvió a partir de la modificación de la reglamentación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, conocido como impuesto al cheque, que las operaciones con criptomonedas estarán alcanzadas con este gravamen.
A partir de una modificación al decreto 380/01, el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Luis Manzur y el ministro de Economía, Martín Guzmán, precisaron este miércoles que “las exenciones previstas no resultarán aplicables en aquellos casos en que los movimientos de fondos estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares, en los términos que defina la normativa aplicable”.
Según indica la medida publicada en el Boletín Oficial, estas exenciones que caben a los operadores de los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) -la denominación técnica de las fintech- ahora no regirán más sobre las criptomonedas, aunque en principio la decisión no impactará en forma directa sobre el comprador final.
Tal como explicó el Gobierno en el decreto, su intención es “ser la hoja de ruta para las políticas públicas hacia una economía más tranquila, con más oportunidades para todas y todos, junto con la definición de un sendero fiscal sostenible en el mediano plazo”. Y en el texto agregaron que “resulta prudente limitar las exenciones vigentes en el caso de intervenir determinados instrumentos, tales como monedas digitales o similares”.
A partir de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo a través de la Ley de Competitividad de establecer exenciones totales o parciales del impuesto en aquellos casos en que lo estime pertinente es que se avanza en este gravamen luego de que el Bitcoin alcanzara la semana pasada los máximos históricos, cuando rozó los 69.000 dólares.
La atención de la política sobre las criptomonedas es un tema que está en danza hace tiempo y que en la pandemia, con mayor necesidad de recursos, se agudizó. De hecho, el Ministerio del Interior ya le había dedicado atención a su expansión al convocar a expertos a una reunión de la Comisión Federal de Inversiones, antes de que estallara la crisis el Coronavirus.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.