El proyecto de Presupuesto 2022 prioriza un esquema de política fiscal expansiva orientado a la recuperación económica, con crecimiento inclusivo, posible por la no inclusión del pago de los vencimientos por US$ 20.000 millones (4% del PBI) previstos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el año que viene.
Fuentes del Ministerio de Economía resaltaron el "brutal enorme daño que le haría a la Argentina tener que pagarle al FMI los compromisos que asumió el gobierno anterior".
En ese sentido, precisaron que el pago de los más de US$ 19.000 millones en 2022 implicaría "eliminar todo el gasto de capital desde los actuales 2,4 puntos del Producto Bruto Interno a cero, y los subsidios a la energía y el transporte".
También significaría "eliminar la AUH, el programa Potenciar Trabajo, las Becas Progresar, todos los programas sociales y partidas como la Tarjeta Alimentar, no comprar vacunas, no realizar transferencias a provincias y universidades".
"Sería una situación de descalabro macroeconómico totalmente insostenible y de gran angustia social", agregaron.
Si se previera el pago de la totalidad de los vencimientos se deberían reducir asignaciones, programas sociales, y partidas asociadas a la Salud y Educación.
"Este proyecto de ley está pensado para cuidar a la Argentina y asegurar un crecimiento sostenible, y por ello supone que no se enfrentan los vencimientos de deuda insostenibles acordados por la administración anterior", señaló el texto del proyecto de ley girado al Congreso Nacional.
Se aclara, además, que si se "previera el pago de la totalidad de los vencimientos (del acuerdo celebrado con el FMI en el 2018), se colocaría al Estado Nacional en una grave situación con una carga de pagos insostenible de alrededor de US$ 19.000 millones, lo que obligaría a postergar prioridades de políticas públicas esenciales".
De hecho, si esos vencimientos se presupuestaran, debería "propiciarse una reducción significativa en partidas presupuestarias que resultan prioritarias para atender los objetivos de política que han distinguido la acción de gobierno de esta Administración, generando probablemente una crisis social de magnitudes absolutamente desproporcionadas en relación a nuestra historia".
El eventual pago de esos vencimientos generaría una "reducción de la inversión en infraestructura por $1.300.000 millones y los subsidios económicos por $1.100.000 millones".
Además, se deberían "reducir asignaciones, programas sociales, y partidas asociadas a la Salud y Educación".
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.