Un grupo de productores rurales de Castelli presentó un amparo colectivo contra la decisión del intendente de Castelli, Francisco Echarren, de cobrar una contribución para utilizarla en el sistema de salud.
La presentación, hecha ante el juzgado civil y comercial Nº 2 de Dolores, a cargo de la jueza Daniela Galdos, pide una medida cautelar para que el municipio se abstenga de cobrar el tributo y que se refacture el resto de los impuestos que deben pagar hasta tanto se resuelva el juicio.
Según la presentación, el intendente violó las constituciones nacional y provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades por haber creado un impuesto por decreto, sin estar facultado para ello. “No salva el accionar del intendente que luego el concejo deliberante local, en sesión extraordinaria y sólo con concejales oficialistas, expresaron los peticionantes haya ratificado el decreto, ya que la Constitución expresamente lo sanciona con nulidad.”
También sostienen que se está generando una doble imposición al aplicarse sobre una base imponible al impuesto inmobiliario, y que además atenta contra el Pacto de Coparticipación Federal de impuestos.
Para Echarren, reelegido en octubre como intendente por el Frente de Todos, el propósito de este tributo es comprar insumos para el hospital local a fin de estar preparados contra el avance del COVID-19 y afrontar gastos extraordinarios, no sólo en salud, sino en seguridad y asistencia alimentaria.
El amparo fue iniciado por cuatro afectados, aunque no se descarta que se sumen otras personas. Al ser un amparo colectivo, los accionantes representan a toda la clase afectada, y próximamente se iniciará un plazo que fijará el juzgado para que quienes quieran participar del proceso puedan adherir, o bien manifestar que no tienen intención en hacerlo. La ventaja de esta clase de procesos es que se concentra en un solo juicio una multitud de procesos individuales, con ahorro de tiempo, dinero y recursos, que de otra manera saturarían a los tribunales.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.