El Decreto 659/2019, firmado por el gobierno de Mauricio Macri en septiembre de 2019, instituyó que no se renovaría la concesión de 5 corredores viales, a partir de las fechas de vencimiento, y otorgó a Corredores Viales S.A., una empresa estatal cuyos accionistas son el Ministerio de Obras Públicas con el 51% y Vialidad Nacional con el 49%, la responsabilidad de administrar las rutas hasta que se evalúe una resolución sobre los incumplimientos. Entre ellos, se encuentran dos que pasan por la provincia de Buenos Aires: el Nº 2 y Nº 8.
En este sentido, el actual gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministerio de Obras Públicas, resolvió que estos corredores no se volverán a licitar y pasarán a ser gestionados por esta empresa pública.
A pesar de recibir $ 18.000 millones en subsidios en los últimos 4 años, sin contar la recaudación propia por el cobro de peajes, las rutas que pasarán a manos del Estado presentan alta siniestralidad vial, mínima conservación de las calzadas, ahuellamientos en distintas trazas, marcado déficit en la demarcación horizontal, fallas en las luminarias, deficiencias en la señalización de pasarelas peatonales y refugios.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció que el gobierno nacional gestionará progresivamente 5 corredores viales, cuyas concesiones no fueron renovadas por la situación de deterioro e incumplimientos en sus obligaciones contractuales.
El Corredor Vial N° 2, que va de General Villegas a Pergamino, era operado por el Corredor de Integración Pampeana SA y pasará a manos estatales a partir del 1° de marzo. Por su parte, el Corredor Vial N° 8, que recorre San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires va de Colón a Pilar, desde el 1° de mayo dejará de ser administrada por Corredor Central SA para ser gestionado por el Estado.
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