El Decreto 659/2019, firmado por el gobierno de Mauricio Macri en septiembre de 2019, instituyó que no se renovaría la concesión de 5 corredores viales, a partir de las fechas de vencimiento, y otorgó a Corredores Viales S.A., una empresa estatal cuyos accionistas son el Ministerio de Obras Públicas con el 51% y Vialidad Nacional con el 49%, la responsabilidad de administrar las rutas hasta que se evalúe una resolución sobre los incumplimientos. Entre ellos, se encuentran dos que pasan por la provincia de Buenos Aires: el Nº 2 y Nº 8.
En este sentido, el actual gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministerio de Obras Públicas, resolvió que estos corredores no se volverán a licitar y pasarán a ser gestionados por esta empresa pública.
A pesar de recibir $ 18.000 millones en subsidios en los últimos 4 años, sin contar la recaudación propia por el cobro de peajes, las rutas que pasarán a manos del Estado presentan alta siniestralidad vial, mínima conservación de las calzadas, ahuellamientos en distintas trazas, marcado déficit en la demarcación horizontal, fallas en las luminarias, deficiencias en la señalización de pasarelas peatonales y refugios.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció que el gobierno nacional gestionará progresivamente 5 corredores viales, cuyas concesiones no fueron renovadas por la situación de deterioro e incumplimientos en sus obligaciones contractuales.
El Corredor Vial N° 2, que va de General Villegas a Pergamino, era operado por el Corredor de Integración Pampeana SA y pasará a manos estatales a partir del 1° de marzo. Por su parte, el Corredor Vial N° 8, que recorre San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires va de Colón a Pilar, desde el 1° de mayo dejará de ser administrada por Corredor Central SA para ser gestionado por el Estado.
05 de junio. “Para nosotros es fundamental. Recibimos entre 50.000 y 80.000 turistas”, dijo Gustavo Barrera durante una reunión de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debatieron dos proyectos para reorganizar el calendario de feriados.
02 de junio. Como adelantó Entrelineas.info y reconoció Carlos Bianco, varios municipios del interior bonaerense enfrentan una crisis económica profunda. El caso de Villa Gesell expone la gravedad del escenario: recortes de funcionarios, fusión de áreas y preocupación por el pago de sueldos y aguinaldos.
31 de mayo. Mientras Milei, el PRO y parte del radicalismo negocian un frente antiperonista en la provincia, en municipios como La Costa la unidad suena más a fantasía que a plan real. Todos contra todos: acusaciones cruzadas, internas al rojo vivo y alianzas fallidas dibujan un escenario donde cualquier acuerdo parece más un rejunte que una alternativa de poder.
28 de mayo. Esteban Santoro, intendente madariaguense, se convirtió en el primer dirigente político importante que denuncia directamente a la obra social de los jubilados. Jorge Villalba, secretario de Salud geselino, anticipó que el municipio también prepara una denuncia formal.
27 de mayo. El 6 de junio, Javier Milei será recibido por el sucesor de Francisco en el Vaticano. Luego viajará a Italia, Francia e Israel, en una gira marcada por contradicciones ideológicas, tensiones globales y objetivos diplomáticos.
26 de mayo. El ajuste nacional ya impacta de lleno en las finanzas locales: varias comunas del interior bonaerense advierten graves dificultades para cumplir con sus obligaciones. Villa Gesell declaró la emergencia económica, mientras que en el vecino Partido de La Costa confirmaron que los pagos están garantizados. “Hay municipios muy complicados”, advirtió el ministro Carlos Bianco.
22 de mayo. La referente local de La Libertad Avanza descartó cualquier alianza con el exintendente y denunció irregularidades durante su gestión. “Nosotros no hacemos acuerdos con quienes usaron el Estado”, aseguró.
22 de mayo. Por la decisión de no trasladar el 12 de octubre, que este año cae domingo, distintos municipios turísticos de la Quinta Sección advierten que perder el fin de semana largo afectará gravemente las economías locales. Piden al Congreso que revierta la medida.