El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó hoy su adhesión al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo (ILE). Una resolución conjunta publicada en el Boletín Oficial, firmada por el ministro de Salud, Daniel Gollán, y la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, establece que “la adopción de esta política sanitaria se propone guiar y acompañar el trabajo de las instituciones y de los equipos de salud con lineamientos unificados, claros y actualizados”.
El protocolo, una guía de los casos en que se puede interrumpir legalmente un embarazo por tratarse de un riesgo físico y psicológico para la salud, había sido publicado en el Boletín Oficial el 22 de noviembre del año pasado con la firma del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Sin embargo, al día siguiente fue derogado por el entonces presidente Mauricio Macri.
La ILE volvió a estar en vigencia a partir de la asunción del actual ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y por decisión del presidente Alberto Fernández, según consignó Infobae.
"La atención de la salud debe ser integral para todas las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo que así lo consientan, sin discriminación de edad, orientación sexual, identidad o expresión de género, capacidades, etnia, nacionalidad, condición migratoria, idioma, situación económica, política, religiosa ni lugar de residencia", se estableció en los considerandos de la resolución.
Hace menos de una semana, Gollán y Díaz habían adelantado la adhesión del gobierno bonaerense a la resolución nacional. “Con las herramientas legales que den certeza a los equipos de salud, mucha gente podrá empezar a perder temores y participar del acceso a este derecho de forma rutinaria”, planteó en ese momento el ministro de Salud provincial.
Además, analizó que cuando el Congreso nacional “debata la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tendremos también las herramientas que nos permitan avanzar en otros derechos que hoy nos siguen costando innecesariamente la vida de mujeres pobres que no pueden acceder a un aborto seguro”.
Luego, la ministra Díaz dijo que “la guía legisla sobre el procedimiento sanitario para atender las excepciones de aborto que contempla el Código Penal en su artículo 86 inciso 1 y 2, una legislación de 1921”, por lo que analizó que “no estamos innovando, sino que establece qué procedimiento hay cuando el aborto conlleva un problema para la salud o la vida de la mujer o en los casos de una violación”.
“La provincia tiene un protocolo desde 2007 y lo reformó en 2012, pero era restrictivo y colocaba requisitos y obstáculos que no establece la ley. Esta guía es precisa, actualizada, toma indicaciones de la OMS y busca acceder a un derecho a la salud legal”, añadió la ministra en el mencionado acto.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.