El aumento por decreto para trabajadores del sector privado, al igual que un ajuste sobre los montos de las jubilaciones, los planes sociales y los sueldos de los empleados de la administración pública, forman parte de los postulados de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Ejecutivo envió al Congreso y que espera ver avanzado en su tratamiento esta misma semana.
“Así como se ha producido en el sistema previsional una dispersión importante, en los salarios ha pasado algo parecido. Hay sectores que han podido seguir bastante de cerca los índices de inflación, otros que han perdido algo; y sectores que perdieron muchísimo en esta economía que hemos tenido estos años", describió Moroni.
Ante esa situación, sostuvo que "el Gobierno no puede permanecer ajeno a atender e impulsar inmediatamente los salarios de aquellos que han quedado postergados; por eso, pedimos una facultad de emergencia para establecer incrementos salariales mínimos para el sector privado", agregó el ministro de Trabajo.
"Los montos se van a empezar a discutir recién cuando se apruebe la ley", señaló el ministro, aunque se presume que tendrá un piso de 6 mil pesos, consignó el Diario Uno de Mendoza. Cualquiera fuese esa cifra, agregaron los técnicos, podrá ser el número definitivo en los casos de actividades imposibilitadas de mejorar el pago por restricciones de las empresas o bien la base de un incremento mayor a ser consensuado en el ámbito de las respectivas paritarias.
Moroni explicó que "el modo de colaborar del Estado" reside en "un esfuerzo" fiscal y ratificó que "temporalmente" esos incrementos salariales puedan "ser eximidos de aportes y contribuciones", tal como figura el proyecto de ley.
"A veces para poder cerrar un convenio salarial es necesario que el Estado haga algún esfuerzo, para que ese incremento sea efectivo y llegue al bolsillo del trabajador; va a ser temporal", concluyó el ministro de la cartera laboral.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.