Como el decreto tiene efectos desde “el día de su publicación en el Boletín Oficial”, su aplicación abarca los despidos sin causa que eventualmente se hayan realizado durante esa misma jornada.
“En caso de despido sin justa causa durante la vigencia del presente decreto, la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente”, indica el DNU 34/19, que además aclara que esa duplicación “comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo”.
En el artículo 4, el decreto especifica que esa doble indemnización “no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia", criterio que se explica en los considerandos “a los fines de facilitar la generación de nuevas fuentes de trabajo".
Si bien la norma fue cuestionada por economistas y empresarios por entender que no hubo consultas previas a su promulgación, en los considerandos de la medida se recordó el propósito oficial de “realizar una convocatoria a una mesa de trabajo inspirada en los principios de solidaridad en la emergencia”, basada en “principios de diálogo y concertación plural entre el sector empresarial y de los trabajadores y las trabajadoras y del Estado”.
Sin embargo, hasta que se lleve a cabo esa convocatoria y el acuerdo muestre sus primeros logros, “resulta preciso atender a la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y trabajadoras formales”, se advierte en el decreto.
Por tal razón, en atención también al incremento de los niveles de desocupación, se considera “necesario declarar la emergencia pública en materia ocupacional” por 180 días, “a los fines de atender de manera inmediata y por un plazo razonable, la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral, mientras se trabaja en la búsqueda de los acuerdos básicos”.
La medida –según consignó Infobae– cosechó apoyos como críticas entre economistas, quienes ponderaron por un lado que será un “freno” a la aceleración de despidos sin causa que se produjo en el último tramo de la Presidencia de Mauricio Macri. Pero, por el otro, advirtieron que la medida no atiende el centro del problema, que no pasa por la existencia de un aumento de los despidos sino por un bajo nivel de contrataciones de nuevo personal.
09 de septiembre. El oficialismo tendrá mayoría propia en el recinto, conformado por un total de 14 concejales, ya que la notable performance de Fuerza Patria en las elecciones del domingo le permitió sumar 4 ediles a los 4 que ya tenía.
09 de septiembre. Con los resultados del 7 de septiembre, el oficialismo de Fuerza Patria retendrá la mayoría con 8 bancas, La Libertad Avanza sumó más representación y el bloque de Somos Buenos Aires, con Daniel López y Yamila Coppola, también seguirá en el recinto.
08 de septiembre. El espacio que reunió a peronistas disidentes, radicales, socialistas y referentes del GEN y de la Coalición Cívica resultó el más votado para concejales en General Lavalle, General Madariaga, Lobería y San Cayetano.
08 de septiembre. La lista impulsada por el Intendente Municipal se impuso por casi el 60% de los votos.
07 de septiembre. La lista de La Libertad Avanza, que llevó como primer candidato a concejal a Fernando Muro, obtuvo el 38,18% de los sufragios.
07 de septiembre. La lista pinamarense encabezada por Martín Rapallino obtuvo el 50,6% de los votos, mientras que la candidata geselina de LLA, Clarisa Armando, se impuso con el obtuvo el 36,1% de los sufragios.