Como el decreto tiene efectos desde “el día de su publicación en el Boletín Oficial”, su aplicación abarca los despidos sin causa que eventualmente se hayan realizado durante esa misma jornada.
“En caso de despido sin justa causa durante la vigencia del presente decreto, la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente”, indica el DNU 34/19, que además aclara que esa duplicación “comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo”.
En el artículo 4, el decreto especifica que esa doble indemnización “no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia", criterio que se explica en los considerandos “a los fines de facilitar la generación de nuevas fuentes de trabajo".
Si bien la norma fue cuestionada por economistas y empresarios por entender que no hubo consultas previas a su promulgación, en los considerandos de la medida se recordó el propósito oficial de “realizar una convocatoria a una mesa de trabajo inspirada en los principios de solidaridad en la emergencia”, basada en “principios de diálogo y concertación plural entre el sector empresarial y de los trabajadores y las trabajadoras y del Estado”.
Sin embargo, hasta que se lleve a cabo esa convocatoria y el acuerdo muestre sus primeros logros, “resulta preciso atender a la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y trabajadoras formales”, se advierte en el decreto.
Por tal razón, en atención también al incremento de los niveles de desocupación, se considera “necesario declarar la emergencia pública en materia ocupacional” por 180 días, “a los fines de atender de manera inmediata y por un plazo razonable, la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral, mientras se trabaja en la búsqueda de los acuerdos básicos”.
La medida –según consignó Infobae– cosechó apoyos como críticas entre economistas, quienes ponderaron por un lado que será un “freno” a la aceleración de despidos sin causa que se produjo en el último tramo de la Presidencia de Mauricio Macri. Pero, por el otro, advirtieron que la medida no atiende el centro del problema, que no pasa por la existencia de un aumento de los despidos sino por un bajo nivel de contrataciones de nuevo personal.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.