Agustín Salvia, director del observatorio social de la Universidad Católica Argentina, adelantó que el Gobierno de Mauricio Macri completará 2019 con una cifra de pobreza del 38%. El aumento a lo largo del año calendario se da en torno al 9,3%, publicó el sitio Política Argentina.
“El 5 de diciembre vamos a presentar nuestro informe. Los datos propios siempre nos dan un poquito más arriba que los oficiales del Indec, pero en el segundo trimestre ya estábamos cerca del 37% y seguramente a fin de año habremos pasado el 38%”, afirmó el investigador y sociólogo de la UCA en diálogo con Futurock.
En el informe elaborado por la UCA y presentado al presidente electo Alberto Fernández el último viernes en la mesa contra el hambre, se evidencia un aumento del 7,9 al 9,3% en la cantidad de población urbana que vive en hogares donde se padece hambre o inseguridad alimentaria severa.
Este último punto, en el que se tiene en cuenta a las personas que saltean comidas, pasó del 20,2 al 22,2% en todo el país en sólo un año. “La situación de inseguridad alimentaria creció en estos dos años, pero hay que analizar la década. Estructuralmente venimos teniendo un piso de entre el 6 y 7 por ciento de hogares con inseguridad alimentaria severa a lo largo de todo este ciclo”, describió Salvia.
De todos modos, Salvia señaló que la situación que recibirá Alberto Fernández el 10 de diciembre "es complicada pero no catastrófica" y aseguró que "todos queremos que al próximo gobierno le vaya bien. Creo que con Alberto se abre una ventana de oportunidad".
“A Alberto Fernández lo veo focalizado y preocupado en solucionar el problema, a otros presidentes no los vi así”, resaltó y pidió que en el Consejo Federal contra el Hambre haya una integración de todos los sectores. “Oficialismo y oposición deberían estar en la mesa contra el hambre”, advirtió.
Por último, el investigador de la UCA se mostró a favor de la tarjeta alimentaria anunciada por el posible ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández, Daniel Arroyo. “Es la mejor forma de intervenir sobre la problemática del hambre”, apuntó. “Permite focalizar sobre la población en peores condiciones. No es universal, sino una tarjeta para la compra de alimentos y medicamentos”, sostuvo.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.