Alejandro Segura, el magistrado a cargo de Juzgado del Trabajo Nº 41, declaró inconstitucional al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 669/19 que el presidente Mauricio Macri firmó el pasado 30/9 y que reduce las indemnizaciones por invalidez resultantes de accidentes de trabajo.
El pronunciamiento se dio a raíz de una presentación judicial realizada por el periodista Miguel Ángel “Tití” Fernández contra TyC Sports y Fox Sports por los problemas de salud que padeció debido a la muerte de su hija, ocurrido en 2014.
"¿Puede un DNU establecer una norma menos beneficiosa para lxs trabajadorxs? ¿Puede un DNU determinar su aplicación retroactiva? Voy a responder ambos interrogantes en forma negativa animado por el manifiesto carácter burdo que tiene esta norma, impropia del Estado de Derecho seguramente urdida por personas incapaces de aprobar un parcial de derecho civil Parte General, si hubiera tenido la suerte de estudiar”, fue la particular argumentación del juez Segura, que incluyó lenguaje inclusivo pero que, como hizo varias veces, no aludió a un pasaje de la canción “Latinoamérica” de Calle 13 para fundamentar su sentencia.
“Tití” Fernández denunció que, pese a haber tenido varias intervenciones por su salud deteriorada por dolores en el pecho y mareos fue obligado a seguir desempeñando de forma normal y habitual sus tareas de director de programas periodísticos y conductor periodístico.
El cambio más importante del DNU de Macri establecía que desde ahora el cálculo del "ingreso base" de los trabajadores, la cifra que se usa para determinar cuánto se le paga al trabajador accidentado en concepto de indemnización, se actualizaría siguiendo la variación del índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y no por medio de la tasa activa de interés que pagan los bancos. Es decir que la forma de calcular las reparaciones consistía en abandonar la tasa de interés activa (del orden del 90% anual) para adoptar el índice Ripte (apenas superior al 40% anual), que sigue la evolución de los salarios formales.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.