Intendentes del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se unieron para manifestar su rechazo al proyecto del presupuesto 2019 y remarcar que “perjudica a los municipios y pone en riesgo la representación institucional”.
“Nos oponemos al proyecto de presupuesto 2019 presentado por el gobierno de la Provincia y exigimos su reformulación, porque entendemos que no sólo establece recortes inadmisibles en áreas clave, sino que es una intromisión en la autonomía de los Municipios y pone en riesgo la representación institucional”, asevera el comunicado elaborado por el conjunto de jefes comunales, reunidos con los diputados y senadores.
El intendente de La Costa, Juan Pablo de Jesús, es uno de los que llevó adelante el planteo junto a distintos alcaldes bonaerenses como Verónica Magario (La Matanza), Gustavo Menéndez (Merlo), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fernando Gray (Esteban Echeverria), entre otros dirigentes.
El escrito señala también que el proyecto del presupuesto 2019 “llama gasto público a los derechos esenciales”. “Además de recortar recursos fundamentales para la salud, la educación y la seguridad, limitan las herramientas de financiamiento con las que contamos los Municipios. Es decir: nos transfieren los problemas pero no los recursos para hacernos cargo y resolverlos”, explica el documento.
Sobre aquellas obligaciones que transfiere la propuesta que elaboró el Gobierno Provincial, los intendentes detallaron en el comunicado que involucran a los subsidios a la empresa de recolección de residuos sólidos CEAMSE, el transporte y la tarifa social. “Los Municipios desconocemos el monto de la misma, ya que los beneficiarios son determinados por el gobierno provincial”, argumenta.
La preocupación que manifiestan los mandatarios locales bonaerenses también contempla el aumento en las tarifas de energía, y la ausencia de una partida en el presupuesto para contrarrestar los mencionados incrementos. Asimismo, incluye el endeudamiento de la Provincia y la inversión de solo 1 por ciento de los recursos con los que cuenta la Provincia para el Fondo Educativo en infraestructura.
“Creemos que es el momento de dar el debate sobre la necesidad de ampliar la Coparticipación de los Municipios. Tomando en cuenta el crecimiento en las responsabilidades que el gobierno de la Provincia nos deriva, nuestro reclamo es llevar del 16,14% al 20% el porcentaje referido al reparto de la recaudación impositiva correspondiente”, completa el desarrollo de las distintas observaciones que hace a la propuesta presupuestaria.
El escrito culmina ratificando el rechazo al proyecto y solicitando la revisión por parte de las autoridades, ya que de acuerdo a su consideración “atenta contra la calidad institucional y consolida un modelo de Estado que se ausenta frente a las necesidades justas, elementales y urgentes de los vecinos y vecinas de la Provincia”.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.