En un intento de recomponer la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y evitar un desborde de las paritarias, el Gobierno, los empresarios y la CGT acordaron hoy el pago de unbono de fin de año de $ 5.000 que tendrá carácter obligatorio y será general para los trabajadores del sector privado.
Según anticipó El Cronista, las principales características del suplemento salarial, según el entendimiento tripartito, serán las siguientes:
Se fijará por decreto y será obligatorio: deberá ser abonado por todos los empleadores a su personal. El esquema será similar al que implementó la gestión de Eduardo Duhalde en julio de 2002 cuando dispuso el paso de un suplemento de $ 200 en dos tramos de $ 100 cada uno.
El decreto habilitará algunas excepciones en la forma de pago del bono en aquellas empresas que atraviesen dificultades (que se abone en más de dos cuotas o sea considerado a cuenta de otros aumentos, por ejemplo), pero ello no exceptuará a las compañías de su pago. Los detalles de las posibles excepciones serán definidos en las próximas horas por el Ministerio de Producción que por ahora solo informó que para la aplicación del bono se tomará en cuenta “la realidad de cada sector”.
Será generalizado para todos los trabajadores del sector privado de la economía cualquiera sea su condición y nivel salarial. No alcanzará al personal del sector público.
Tendrá un piso de $ 5000 y se abonará en dos veces con los sueldos de noviembre y de enero de 2019. Las empresas con dificultades podrán pagarlo en más tramos.
Remuneratividad: el suplemento será no remunerativo hasta un monto de $ 5000. Pero en el caso de aquellos sectores que paguen a su personal un bono de mayor monto, deberán hacer pagar cargas sociales por todo monto que supere los $ 5000.
Absorción: el suplemento podrá ser tomado a cuenta de futuros incrementos salariales ya acordados en paritarias de actividad o incorporarse a los básicos de convenio en lugar de una recomposición convenida en el marco de la negociación colectiva.
El Gobierno justificará en el decreto las características del bono en la situación de “emergencia” que atraviesan los trabajadores por el deterioro de sus ingresos por efecto de la inflación y en la necesidad de recomponer sus ingresos para reactivar el consumo y la actividad económica.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.