El plan del Gobierno "a todo o nada" es ir al déficit cero, es decir, equilibrio fiscal en 2019. Es la última carta que tiene para ofrecer el Gobierno con un solo objetivo: convencer al FMI de que libere US$29.000 millones en 2019 para permitir hacer frente al pago de la deuda.
Según cuenta Infobae, se le pedirá al Fondo que adelante los desembolsos previstos para 2020 y 2021 (en total unos US$16.000 millones) al año próximo. Esto sería una señal clave para dar certeza sobre la capacidad de pago de la Argentina. Pero nada es gratis. Para conseguirlo, el equipo económico también se ve obligado a adelantar los tiempos para alcanzar la meta de déficit primario. Resumiendo: el Fondo acelera los desembolsos un año antes de lo previsto y a cambio el Gobierno tiene que cumplir con su "ofrenda", es decir, la meta de equilibrio fiscal también un año antes.
Bajar el riesgo país se transformó por el momento en un objetivo secundario. Es decir que la prioridad está puesta ahora casi exclusivamente en convencer al staff del organismo de que esta vez sí será posible cumplir con el objetivo de déficit cero. Los antecedentes no juegan a favor: la última vez que se prometió el equilibrio total de las cuentas públicas para recibir plata del Fondo, terminó en default.
El viaje que está realizando esta noche el ministro Nicolás Dujovne a Washington procura acelerar los tiempos para que el organismo dé su visto bueno. Lo que está claro es que se va a un nuevo programa con el Fondo, con nuevas metas fiscales y un nuevo ritmo de desembolsos.
Los $280.000 millones que se recaudarán por las retenciones adicionales a las exportaciones serán el corazón del ajuste fiscal. En el resto de las áreas no habrá grandes novedades: recorte mayor de la obra pública, baja de los subsidios a las tarifas públicas y recorte de gastos estatales menores.
05 de junio. “Para nosotros es fundamental. Recibimos entre 50.000 y 80.000 turistas”, dijo Gustavo Barrera durante una reunión de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debatieron dos proyectos para reorganizar el calendario de feriados.
02 de junio. Como adelantó Entrelineas.info y reconoció Carlos Bianco, varios municipios del interior bonaerense enfrentan una crisis económica profunda. El caso de Villa Gesell expone la gravedad del escenario: recortes de funcionarios, fusión de áreas y preocupación por el pago de sueldos y aguinaldos.
31 de mayo. Mientras Milei, el PRO y parte del radicalismo negocian un frente antiperonista en la provincia, en municipios como La Costa la unidad suena más a fantasía que a plan real. Todos contra todos: acusaciones cruzadas, internas al rojo vivo y alianzas fallidas dibujan un escenario donde cualquier acuerdo parece más un rejunte que una alternativa de poder.
28 de mayo. Esteban Santoro, intendente madariaguense, se convirtió en el primer dirigente político importante que denuncia directamente a la obra social de los jubilados. Jorge Villalba, secretario de Salud geselino, anticipó que el municipio también prepara una denuncia formal.
27 de mayo. El 6 de junio, Javier Milei será recibido por el sucesor de Francisco en el Vaticano. Luego viajará a Italia, Francia e Israel, en una gira marcada por contradicciones ideológicas, tensiones globales y objetivos diplomáticos.
26 de mayo. El ajuste nacional ya impacta de lleno en las finanzas locales: varias comunas del interior bonaerense advierten graves dificultades para cumplir con sus obligaciones. Villa Gesell declaró la emergencia económica, mientras que en el vecino Partido de La Costa confirmaron que los pagos están garantizados. “Hay municipios muy complicados”, advirtió el ministro Carlos Bianco.
22 de mayo. La referente local de La Libertad Avanza descartó cualquier alianza con el exintendente y denunció irregularidades durante su gestión. “Nosotros no hacemos acuerdos con quienes usaron el Estado”, aseguró.
22 de mayo. Por la decisión de no trasladar el 12 de octubre, que este año cae domingo, distintos municipios turísticos de la Quinta Sección advierten que perder el fin de semana largo afectará gravemente las economías locales. Piden al Congreso que revierta la medida.