Finalmente, 25 imputados acusados de formar parte de la Liga de Compradores irán a juicio oral en Mar del Plata, acusados de manipular con intimidaciones y violencia subastas judiciales.
Luego de una investigación que llevó más de tres años, el juez marplatense Saúl Errandonea determinó que deberá juzgarse a Oscar Larluz, Luis Puga y Héctor Montero como líderes de la asociación ilícita, mientras que los restantes acusados deberán responder como partícipes necesarios al actuar como inversionistas o intimidadores.
Ellos son Fernando Larluz, Diego Larluz, Sergio Puga, Alejandro Fernández, Carlos Vacatello, José Luis Gallo, Aníbal Soria, Leandro Soria, Gustavo Cheppi, Horacio Panizzo, Julio Consorte, Patricio Consorte, Roberto Andino, Leandro Marquéz, Marcelo Philipp, Sergio Mazur, Pablo Quiroz, José Luis Violini, Carlos Habitante, Miriam Lamas, Marta Meriano y María Luján Fernández.
La investigación llevada adelante en Mar del Plata mostró cómo se manipulaban las subastas judiciales, con el objetivo de bajar o elevar el monto exigido en el trámite a fin de que los integrantes de la Liga se pudieran quedar con los bienes subastados. Para ello, recurrían al amedrentamiento de otros posibles compradores, el que se daba de manera violenta.
Según señala el diario marplatense La Capital “en el amplio expediente se acumulan subastas con irregularidades groseras y que, por momentos, pasan el límite del sentido común. También se distinguen hechos violentos, con personas agredidas, robos, ‘aprietes’ ante las cámaras de seguridad y otros episodios incriminatorios.”
En una entrevista concedida a Entrelineas.info al momento de conocerse la detención de estos delincuentes en Mar del Plata, el entonces presidente del Colegio de Martilleros de Dolores, Daniel Manganiello, señaló la existencia de varias Ligas de Compradores con actuación en otros lugares de la Provincia, incluyendo este departamento judicial.
El caso marplatense muestra el gran poder económico de estos grupos por cuanto se abrió otra causa en el fuero federal para investigar el lavado de activos y la utilización de testaferros.
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