El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, junto al subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, y el presidente de Aguas Bonaerenses S.A (ABSA), Hugo Obed, el vicepresidente de ABSA, Fernando Coronel y sus directores, Esteban Spivak y Jorge Paredi, anunciaron la ejecución de obras de agua y saneamiento en 7 municipios por una inversión de $ 983 millones.
Entre ellos hay 4 distritos de la Región: Villa Gesell, Mar Chiquita, General Madariaga y General Paz (Ranchos), cuyos intendentes, Gustavo Barrera, Walter Wischnivetzky, Esteban Santoro y Juan Manuel Álvarez, participaron del encuentro y firmaron los respectivos convenios con los funcionarios bonaerenses. Los otros municipios que recibirán obras son Campana, La Plata y Pehuajó.
“Hoy firmamos convenios con intendentes de 7 municipios, que incluyen nuevas perforaciones, recambio de cañerías y bombeo que llevará adelante para aumentar la capacidad, el abastecimiento y la producción de agua potable”, afirmó Katopodis. “En la provincia de Buenos Aires seguimos trabajando para llegar con obras públicas que generan empleo, amplían derechos y hacen la diferencia entre vivir bien o mal”, agregó.
En el caso de Mar Chiquita, se realizarán dos nuevas perforaciones de producción en Gliptodonte, gracias a una inversión de $ 160 millones que busca incrementar la producción de agua potable y mejorar el servicio en Coronel Vidal y General Pirán.
En Villa Gesell, en tanto, se invertirán $ 101 millones para la adquisición de dos electrobombas, destinadas a la Estación Elevadora ubicada en Avenida 1 y Paseo 11, que tienen como objetivo potenciar la capacidad de bombeo.
La obra en General Madariaga tiene como finalidad el recambio de colector cloacal de 450 metros en el tramo de la calle San Martín que se extiende entre Mitre y Buenos Aires, lo que representa una inversión de $ 255 millones. La Municipalidad madaraguiense además informó que con ABSA “se dialogó sobre la extensión del servicio de agua potable para distintos barrios de la ciudad y el Jardín 905”.
Por último, en la localidad de Ranchos, partido de General Paz, se construirán dos nuevas perforaciones en el Barrio Villa Ramallo.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.