El Juzgado Federal de Dolores ordenó al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, por el cual el Gobierno de Javier Milei contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El fallo responde a un amparo presentado por el CELS y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (CAIP).
La sentencia sostiene que el Ministerio violó la Ley 27.275 de Aceso a la Información Pública, ya que primero aceptó el pedido y hasta pidió una prórroga para responder, pero luego cambió de criterio y derivó el trámite a un proceso administrativo restrictivo. El juez fue categórico: el Estado debe priorizar la ley sancionada en democracia y con consenso, por encima de normas heredadas de un gobierno de facto.
El fallo remarca que la información pública no pertenece al Estado, sino a la sociedad, y que el acceso a esos documentos es un derecho humano fundamental. La propia Corte Suprema ya había establecido que rige el principio de “máxima divulgación”: toda la información es pública salvo excepciones muy puntuales.
La causa cobra relevancia porque el DNU no detalla las condiciones del empréstito. En otras palabras, el Gobierno contrajo una deuda millonaria sin explicar bajo qué términos ni con qué impacto al futuro. Para la Justicia, es obligación del Ministerio transparentar esos datos, porque afectan directamente la vida económica de todos los argentinos.
Además, el fallo cuestiona las maniobras del Ministerio de Economía para ocultar información clave: al no entregar el expediente, buscaba que el reclamo se pierda en trámites burocráticos. Esa conducta, advirtió el juez, atenta contra el derecho ciudadano a controlar las decisiones estatales.
En síntesis, el Gobierno tiene ahora cinco días para responder y mostrar los documentos que explican cómo se negoció y bajo qué condiciones se firmó el acuerdo con el FMI. Un fallo que salió desde Dolores, pero que impacta en todo el país.
15 de julio. Dolores registró el mayor incremento de los fondos provinciales entre los municipios de la Quinta Sección durante el período 2023-2026, con una suba del 6,54%. En la comparación entre 2025 y 2026, Lobería y Monte encabezaron los aumentos, mientras que Pinamar y Villa Gesell sufrieron las mayores reducciones.
15 de julio. Resultó el valor más bajo en los últimos diez meses, tras el 1,9% de agosto de 2025, pero acumula un alza de 33,5% en 12 meses. Una familia de cuatro personas necesitó $1.531.473 para no ser pobre en mayo de 2026.
13 de julio. La iniciativa obtuvo el respaldo de más de dos tercios del Concejo Deliberante y activó un proceso para ampliar facultades comunales mientras el ajuste del gobierno nacional reduce el margen de gestión territorial.
27 de junio. El ahora exjefe de Gabinete se despidió con una carta en la que denunció una persecución política y mediática y reivindicó su lealtad a Javier Milei. Su renuncia deja al descubierto el desgaste del Gobierno nacional y acelera una reconfiguración política que proyecta a Diego Santilli como una de las principales figuras del oficialismo con vistas a las elecciones de 2027.
18 de junio. El gobernador bonaerense entregó más de 450 escrituras gratuitas, inauguró una nueva planta productiva de Atalaya, otorgó viviendas para efectivos policiales y puso en marcha un nuevo centro universitario. También entregó netbooks y anunció inversiones para fortalecer el desarrollo local.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.