El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y el ex secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, deberán responder con su patrimonio por los gastos ocasionados a la Municipalidad de General Pueyrredon debido a los fallos en contra que acumuló en 2021 por parte de vecinos que acudieron a la vía judicial al no poder tramitar sus licencias de conducir por tener multas de tránsito impagas.
A través de un fallo, el Tribunal de Cuentas (HTC) de la provincia de Buenos Aires determinó que ambos funcionarios deban responder con su patrimonio personal por un total de $ 623.000, de los cuales $ 513.000 son imputados al jefe comunal.
El fallo sobre el Ejercicio 2021 del tribunal presidido por Federico Thea encontró responsables de la situación a Montenegro y Mourelle, debido a que está vigente desde 2019 una ordenanza que prohíbe explícitamente a la Municipalidad reclamar multas de tránsito adeudadas como condición para proseguir con el trámite, además de una infinidad de fallos de la Justicia de la Provincia, donde se considera inconstitucional tal condicionamiento.
Si bien se trata de 8 juicios donde en 2021 la Comuna tuvo que pagar las costas, la situación alcanza al gobierno de Carlos Arroyo, porque 5 de ellos corresponden a demandas iniciadas en 2019 durante su gestión, de acuerdo a lo que informó el portal 0223.com.ar.
De este modo, el Tribunal de Cuentas formuló cargos por $ 513.000 contra Montenegro -por tres juicios iniciados durante su gobierno- y $110.000 contra Mourelle, quedando la responsabilidad del ex intendente sin efecto debido a su fallecimiento a fines de diciembre de 2022.
Como respuesta, la administración local ya elevó su descargo al Tribunal de Cuentas, en el que asegura que el jefe comunal está exento de responsabilidad, ya que es una limitación impuesta por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.