La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, expresó su rechazo a los comentarios de Emilio Pérsico, quien días atrás había cuestionado el bono de $45.000 del Gobierno para sectores vulnerables. "No comparto lo que dijo Pérsico sobre el bono", aseguró ayer la exdiputada en declaraciones radiales.
De este modo, Tolosa Paz marcó sus diferencias con el líder del Movimiento Evita, quien además es funcionario de la cartera de Desarrollo Social. "Queremos que la economía popular construya sistemas de producción", apuntó la ministra este sábado en una entrevista en Radio 10.
En esa línea, Tolosa Paz le marcó la cancha al dirigente social, quien está bajo su mando como secretario de Economía Social en ese ministerio. "Para alentar al desarrollo del trabajo quiero que quede en claro que la política social es una política con un tiempo determinado y en un marco social y que no vino a quedarse permanentemente", señaló la ministra.
"Él puede ser el líder del Movimiento Evita, pero hoy ocupa un cargo y tiene responsabilidades públicas para poder llevar adelante esas políticas sociales que se dirimen con la ministra", resaltó Tolosa Paz.
"Está claro que hay un crecimiento en el país, el problema que hay que solucionar es la distribución", explicó la ministra, como el objetivo central de las políticas del Gobierno, para bajar los niveles de pobreza y enderezar el rumbo del trabajo y la producción.
"Cuando me reúno con Pérsico lo hago con el cargo que ocupa, que es el de Secretario de Economía popular y que tiene responsabilidades institucionales", señaló Tolosa Paz, y dejó en claro que "si queremos generar trabajo tiene que haber una articulación entre el Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social", remarcó.
Además, la ministra de Desarrollo Social enfatizó que "dentro de la política hay que buscar coincidencias" ya que "nos cuesta mucho poner las coincidencias por sobre las diferencias que tengamos", aseguró.
Por eso, para Victoria Tolosa Paz "si logramos tejer esas coincidencias podremos conformar un muy buen equipo para el año que viene”, apuntó, porque “en el último tiempo no fueron muy claras", señaló ayer, en relación al rol del Ministerio de Desarrollo Social.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.