Más allá de las problemáticas macro que trae aparejado el sistema económico político de Argentina, varias personalidades con participación en la gestión y la producción, tanto desde el Estado como en el sector privado, reconocen la singularidad coyuntural. De hecho, en la industria bonaerense "hay preocupación" por el costo de la energía y la inflación.
El presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y tesorero de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, relató las problemáticas que atraviesa la producción bonaerense.
"En esta situación se juntan muchos elementos como la disminución dela producción hidroeléctrica por las bajante de los ríos, el problema internacional por la guerra entre Rusia y Ucrania y, ante esto, hay un doble problema: la suba del costo de la energía de gas de barco (GNL) y la posibilidad de la prohibición", presentó.
Ante el riesgo de "no poder abastecernos" y la "reestructuración de la matriz de costos", "en la UIA trabajamos en dos vías: primero debemos mejorar la provisión energética y segundo, subir la cantidad de energía disponible, establecer un plan de racionalización, hacer paradas técnicas y bajar la actividad en algún mes".
¿Qué pasará con los precios?
Tras ser consultado acerca de la repercusión que tendrá esta situación externa en el Índice de Precio al Consumidor (IPC) que registra el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INDEC), Rappallini explicó: "Va a haber un impacto en la inflación porque muchos productos dependen del costo de la energía y también se expresará en la producción de acuerdo cómo se programen las paradas técnicas".
Al fundamentar el aumento de valores de marzo que se conocerá en los próximos días, sumó que "el gas de barco, que estaba en 8 dólares, llegó a costar 60 y ahora está bajando a 40" por lo que "impactará en la inflación y luego habrá que ver la matriz de costo de cada empresa".
Este "reacomodamiento en la matriz de costo" del que habló Rappallini fue descripto en que "hay un 6% de suba de costo de producción que no va todo al producto, pero tiene una incidencia en el valor final".
Por último, acerca de las definiciones de la evolución del sector, repuso que "hubo una caída del 10% y en 2021, una recuperación de 15% interanual en noviembre". "Ahora la propuesta es ver cómo transformamos esa recuperación en crecimiento. Ese el gran desafío de la industria", concluyó.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.