La Defensoría del Pueblo bonaerense le recomendó al Congreso la redacción, tratamiento y aprobación de un proyecto de ley que apunte a la creación de una Agencia Nacional de Algoritmos, un organismo que sirva para mejorar la protección de los datos personales ante el uso que hacen de ellos las empresas digitales.
“Esta idea nace de entender que estas compañías tienen un poder casi absoluto en cuanto al acopio y utilización de nuestros datos personales. Conocen en forma exhaustiva todo de nosotros y nosotras y no podemos eludir a los algoritmos, que eligen presentarnos al mundo de una forma sólo guiada por el ánimo de lucro de estas firmas”, expresó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
En esa línea, indicó que “resulta indispensable crear un estándar de protección de las personas que limite el libre desempeño de los algoritmos, y que analice las finalidades y valores que persigue la inteligencia artificial. Desde el Estado debemos evitar que se instaure un modelo de totalitarismo digital”.
El pedido realizado por el organismo apunta a que el Congreso cree esta agencia para velar por la vigencia, aplicación y eventuales reformas de la ley de protección de datos personales; la digitalización del Estado; la ciberseguridad; la soberanía digital; la protección de la ciudadanía ante los posibles riesgos que deriven de la implementación de algoritmos e inteligencia artificial; y la supervisión y registro de los algoritmos e inteligencia artificial a fin que no contengan sesgos de género, raza o clase.
También está pensada para que se ocupe del encuadramiento de las nuevas relaciones sociales, laborales, económicas y culturales que se gesten a partir de la proliferación de las economías de plataformas y apps; y el diálogo desde el Estado con las empresas tecnológicas, entre otras atribuciones y funciones.
“La tecnología no es neutral. Se impone un profundo debate sobre el rol de los estados y las regulaciones necesarias para dar cuenta de esta problemática. Casos como el de Cambridge Analítica o el referido al Brexit en Gran Bretaña nos muestran cómo los algoritmos pueden ser utilizados para incidir en la vida política, social y económica de las sociedades. Hay un direccionamiento de la voluntad de las personas mediante la utilización de grandes cantidades de información obtenidas de las redes sociales que hoy se encuentran fuera de toda regulación”, explicó Lorenzino.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.