La Defensoría del Pueblo bonaerense le recomendó al Congreso la redacción, tratamiento y aprobación de un proyecto de ley que apunte a la creación de una Agencia Nacional de Algoritmos, un organismo que sirva para mejorar la protección de los datos personales ante el uso que hacen de ellos las empresas digitales.
“Esta idea nace de entender que estas compañías tienen un poder casi absoluto en cuanto al acopio y utilización de nuestros datos personales. Conocen en forma exhaustiva todo de nosotros y nosotras y no podemos eludir a los algoritmos, que eligen presentarnos al mundo de una forma sólo guiada por el ánimo de lucro de estas firmas”, expresó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
En esa línea, indicó que “resulta indispensable crear un estándar de protección de las personas que limite el libre desempeño de los algoritmos, y que analice las finalidades y valores que persigue la inteligencia artificial. Desde el Estado debemos evitar que se instaure un modelo de totalitarismo digital”.
El pedido realizado por el organismo apunta a que el Congreso cree esta agencia para velar por la vigencia, aplicación y eventuales reformas de la ley de protección de datos personales; la digitalización del Estado; la ciberseguridad; la soberanía digital; la protección de la ciudadanía ante los posibles riesgos que deriven de la implementación de algoritmos e inteligencia artificial; y la supervisión y registro de los algoritmos e inteligencia artificial a fin que no contengan sesgos de género, raza o clase.
También está pensada para que se ocupe del encuadramiento de las nuevas relaciones sociales, laborales, económicas y culturales que se gesten a partir de la proliferación de las economías de plataformas y apps; y el diálogo desde el Estado con las empresas tecnológicas, entre otras atribuciones y funciones.
“La tecnología no es neutral. Se impone un profundo debate sobre el rol de los estados y las regulaciones necesarias para dar cuenta de esta problemática. Casos como el de Cambridge Analítica o el referido al Brexit en Gran Bretaña nos muestran cómo los algoritmos pueden ser utilizados para incidir en la vida política, social y económica de las sociedades. Hay un direccionamiento de la voluntad de las personas mediante la utilización de grandes cantidades de información obtenidas de las redes sociales que hoy se encuentran fuera de toda regulación”, explicó Lorenzino.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.