En Chascomús, las elecciones PASO concluyeron con un claro triunfo de la oposición, que obtuvo el 54,11% con Ramiro Ferrante. El candidato de Juntos cosechó 10.694 votos, prácticamente el doble que se contrincante, Julieta Spina (Frente de Todos), que consiguió 5.334 sufragios.
Para el intendente Javier Gastón (Frente de Todos), el resultado de los comicios es un “llamado de atención de los vecinos fuerte e inequívoco”. El jefe comunal indicó que trabajará con el fin de volver a ganar la confianza de los chascomunenses.“Tomaré las medidas que sean necesarias para poder revertir estas elecciones”, manifestó en declaraciones realizadas a FM Por Siempre 97.3 y reproducidas por El Fuerte.
Gastón señaló que la jornada electoral le dejó una mezcla agridulce de sensaciones. “Lo dulce fue que nuevamente se ratificó el sistema democrático y que la gente pudo elegir y mandar señales”, aseveró. Respecto de lo agrio, sostuvo que fue el mensaje de las urnas, que resultó más que claro respecto de la imagen pública que representa hoy su gestión de gobierno: “Hay cosas que estamos haciendo mal y no las hemos tenido en cuenta”.
El intendente analizó que hubo un fuerte enfoque del Municipio con respecto a cómo combatir la pandemia, pero que ese desequilibrio provocó que se descuidaran otras áreas importantes para el buen funcionamiento del día a día de Chascomús.
Gastón definió como “voto bronca” al hecho de no ser acompañados por el electorado del distrito. Y agregó que si bien mucha gente votó por convicción desde la visión de quien encabeza Unidad por Chascomús, un importante grupo de chascomunenses utilizó las urnas para expresar su descontento a la actual gestión del Frente de Todos.
La inseguridad es una de los reclamos públicos que el Municipio aún no ha podido resolver. Esa es una problemática que, según Gastón, no se tuvo en cuenta como realmente correspondía. El jefe comunal admitió que ante la emergencia por el Coronavirus “nos enfocamos fuertemente en la cuestión sanitaria” y otros temas no fueron tratados como lo ameritaban.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.