Este martes, la Cámara Nacional Electoral aprobó el protocolo sanitario de prevención del Covid-19 que se implementará en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre y las generales del 14 de noviembre.
El protocolo sanitario de prevención Covid-19 “Elecciones nacionales 2021” fue elaborado en forma conjunta por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio de Interior y el Ministerio de Salud.
Las disposiciones buscan evitar la aglomeración de personas y para reducir el aforo se procurará no habilitar más de ocho mesas de votación por establecimiento.
En este marco, se establece la implementación de una franja horaria prioritariaentre las 10.30 y las 12.30 para personas que integren grupos de riesgo.
El protocolo prevé la utilización de elementos de protección personal e higiene y capacitar a las autoridades de mesa “preponderantemente por medios no presenciales”.
Además, se incorpora la figura del facilitador sanitario, cuya función será hacer cumplir las medidas sanitarias para la prevención de coronavirus.
En cada distrito la justicia federal con competencia electoral determinará el procedimiento de emisión del voto para los electores que presenten síntomas evidentes compatibles con Covid-19 y que exijan ejercer su derecho al sufragio.
En otro apartado, exhorta a las agrupaciones políticas a que, con el objeto de reducir el aforo de los establecimientos de votación, mantengan “simultáneamente dentro de cada establecimiento de votación la cantidad mínima necesaria de fiscales partidarios”. Asimismo, pide colaboración para minimizar la manipulación de los sobres de votación.
El texto de la acordada de la Cámara Nacional Electoral también ratifica en su artículo 9 que la consulta al padrón y la recepción y tramitación de los reclamos estará habilitada en todo el país por vía digital, “a través del sitio www.padron.gob.ar, en los plazos previstos por el cronograma electoral”.
En ese contexto, dispuso que “se incorpore al portal habilitado para consulta al Registro de infractores y solicitudes de justificación de no emisión del voto (infractores.padron.gob.ar) las causales específicas de justificación de no emisión del voto”, para que “soliciten a través de Internet la justificación de la no emisión del voto quienes a la fecha de la elección estén cumpliendo protocolos de aislamiento de COVID-19”.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.