Alberto Fernández habló de este tema con un conjunto de jefes comunales de la provincia de Buenos Aires para que coordinen el trabajo con Daniel Arroyo, quien se encamina a asumir como ministro de Desarrollo Social. Les dijo, además, que necesita que se concentren en controlar la evolución de los precios de los productos de la canasta básica, uno de los puntales del programa.
El grupo de intendentes más cercanos a Fernández, que integran Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham), Juan Pablo de Jesús (La Costa), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Julio Zamora (Tigre), estuvo la semana pasada en el Congreso para reunirse con Carlos Caserio, el jefe del bloque de senadores del PJ.
El plan tiene una pata legislativa importante: incluye el impulso de una ley de góndolas, con el objetivo de asegurar la competencia entre las diferentes marcas en los supermercados. La iniciativa impide que los supermercados destinen una góndola completa a una sola marca y obliga a las cadenas a exhibir productos de elaboración nacional.
Si ley de góndolas no se debate antes del 10 de diciembre, la iniciativa será parte de un paquete de leyes que Sergio Massa, futuro presidente de la Cámara baja, prepara para los primeros 120 días de gobierno. El Frente de Todos tendrá mayoría propia en el Senado. En Diputados, en cambio, deberá apelar a negociaciones con el peronismo no kirchnerista.
"La idea es que los intendentes cuiden en el territorio todas las medidas del plan contra el hambre. Ellos son los que están en contacto con las PyMEs que producen los alimentos, con los distribuidores y con los mercados de sus municipios", dijo a La Nación uno de los participantes de la reunión con Caserio. "Son los que tienen las herramientas necesarias para garantizar que esto llegue de verdad a la gente", agregó.
Ese grupo de intendentes se comprometió a listar todos los programas municipales en funcionamiento para contener el precio de los alimentos. En esa nómina figuran programas adoptados en San Antonio de Areco y en Hurlingham, donde rige una "canasta popular", acordada con los comerciantes locales. También se proponen sistematizar todas las ferias y mercados populares que se organizan desde los gobiernos municipales.
La idea es tener todo listo antes del 10 de diciembre. En simultáneo, Arroyo retomará en los próximos días las reuniones sectoriales para formar el consejo que aplicará el plan. Esta semana tiene previsto encuentros con universidades que investigan temas alimentarios y que producen alimentos.
18 de junio. El gobernador bonaerense entregó más de 450 escrituras gratuitas, inauguró una nueva planta productiva de Atalaya, otorgó viviendas para efectivos policiales y puso en marcha un nuevo centro universitario. También entregó netbooks y anunció inversiones para fortalecer el desarrollo local.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.