12/12/2025 | Noticias | Política

Fuerte rechazo al proyecto de ley de educación nacional de Javier Milei: “Es una ley económica, no educativa”

La especialista Laura Galuzzi advirtió sobre la pauperización y fragmentación que implica el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. “Saca claramente al Estado del lugar de garante de la educación y le traslada el peso a las familias y a las jurisdicciones”, le dijo a ENTRELINEAS.info.


En las últimas horas, el gobierno de Javier Milei dio a conocer el proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, una propuesta que busca reemplazar la actual Ley de Educación Nacional, que se encuentra vigente desde el año 2006. 

Laura Galazzi, especialista en Educación y Filosofía, investigadora de CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), consideró que el proyecto dado a conocer por el Ejecutivo en los últimos días no es una ley educativa sino una ley económica. En diálogo con ENTRELINEAS.info, Galazzi dijo que “esta ley es eminentemente económica. No hay un proyecto educativo”. 

“El peligro es la pauperización enorme que hace el corrimiento del Estado de la financiación de la ley y la desarticulación de toda posibilidad de organización colectiva para proponer algo diferente en la educación”, sintetiza. 

Galazzi consideró que la propuesta es económica porque “saca claramente al Estado del lugar de garante de la educación y le traslada el peso a las familias y a las jurisdicciones”. Es decir, borra el punto de la actual ley que dice específicamente que el 6% del PBI debe dedicarse a la educación. 

El proyecto, según la especialista, “propone un caos en el que podría haber una escuela por cuadra y una escuela por casa, algo ingarantizable económicamente”.  La propuesta implica “desmembrar el sistema educativo, jurisdiccionarlo hasta el punto que cada escuela pueda armar toda la estructura de grados, cómo se organizan sus clases, el currículum, la cantidad de horas que le dedica a cada cosa”.

Las reformas que propone el proyecto no son nuevas, sino que responden a las propuestas de la OCDE y el Banco Mundial. Están en marcha desde hace 20 o 30 años en Chile y Colombia “y si acá o en países parecidos a la Argentina no se pudieron implementar es por el poder de los sindicatos y la organización docente”. El proyecto, entonces, parte también de la demonización de los sindicatos docentes.  

LA TRAMPA DE LA LIBERTAD
Galazzi considera que “el único rol que se le otorga al Estado es el de evaluador. De un modelo de Estado educador se pasa a un modelo de Estado evaluador a través de pruebas estandarizadas”.

Y ahí está lo que considera una trampa: “Vas a tener la libertad para que sus tus hijos se formen de acuerdo a tus gustos, pero después te voy a tomar una evaluación estandarizada”.  En Chile o Colombia, esto ha llevado que lo único que se enseña a los estudiantes es a rendir bien las evaluaciones. 

Pero, además, estas evaluaciones apuntan sólo a habilidades lingüísticas y matemáticas básicas, que garantizan la adaptación al mundo tal cual es. “Todo lo demás que nuestro sistema educativo sí dice que hay que formar, como pensamiento crítico, posibilidad de transformar esa realidad, olvídate”. Al punto tal que, por ejemplo, en el nivel inicial se borra la apertura al juego. 

Para la especialista, esto significa que “el Estado se desliga de algo que tiene que estar garantizado porque la Constitución adscribe a tratados internacionales en la materia”. 
 
EL RIESGO DE LA FRAGMENTACIÓN 
Para la profesora de la UBA, el riesgo de la fragmentación es lo peor que presenta este proyecto: “Así una escuela pueden estar haciendo yoga y meditación y la otra ciencia avanzada. Por no hablar si un chico se quiere mudar de Jujuy a CABA, ¿cómo y qué se va a hacer para homologar esos saberes?”.

Esto le quita mucho poder al Consejo Federal de Educación, formado por los ministros del área de todas las provincias, y a los sindicatos. “Con esta fragmentación no hay posibilidad de negociación entre los sectores, no hay una mesa posible”, estima.

Además, el proyecto de ley impulsado por Javier Milei busca derogar leyes que como las que proponen la estructura de psicopedagogos,  gabinetes y tutorías.


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