Ante los fuertes reclamos presentados por intendentes de distintos colores políticos, el Gobierno resolvió dar marcha atrás con la eliminación del régimen de zona fría que iba a afectar a unas 90 comunas bonaerenses y a más de 1.200.000 hogares que pagan tarifas de gas diferenciadas por residir en municipios con temperaturas bajas.
Según explicó el exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, quien coordinó los principales reclamos a los que se sumaron también los intendentes bonaerenses, “el Gobierno se vio obligado a quitar de la ley ómnibus el artículo que eliminaba los descuentos al gas para usuarios residenciales de zonas frías”.
Y agregó: “Esto demuestra que tiene sentido el reclamo de la sociedad civil, de distintos y amplios sectores, de intendentes y de gobernadores en distintas zonas del país”.
Así, en el dictamen que se terminó aprobando esta madrugada, ya no figura la derogación de la Ley 27.637 de Ampliación de Zonas Frías, ni del artículo 75 de la Ley 25.565.
La denominada Ley de Zona Fría, aprobada por el Congreso el 25 de junio de 2021, determinó la reducción en las tarifas de gas en un 30% para municipios donde se registran bajas temperaturas. Además, reduce en un 50% las tarifas a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
LOS RECLAMOS
En los últimos días, fueron varios los intendentes de la Región que se manifestaron abiertamente contra la posibilidad de que se derogue la Ley de Zona Fría.
El primero fue Guillermo Montenegro, jefe comunal de General Pueyrredón, que pertenece a Juntos por el Cambio, la fuerza política que más apoya a Javier Milei.
En un posteo que tituló “Mar del Plata es zona fría. No puede depender del gobierno de turno”, Montenegro había aseverado: “Soy un convencido de que la única forma de hacer las cosas bien es escuchando al interior del país y conociendo su realidad, que es la realidad de miles de argentinos que viven en nuestras provincias. No se pueden tomar decisiones solo desde la lógica del AMBA”.
Juan Pablo García, el jefe comunal de Dolores, fue otro de los alcaldes que reaccionó rápidamente: “Siempre voy a ser una persona abierta al diálogo, con todos los niveles de gobierno, por eso pido que se revea esta situación que perjudicaría enormemente a nuestros vecinos”, había señalado el intendente de Unión por la Patria.
Gustavo Barrera, el alcalde peronista de Villa Gesell, había expresado que la eventual derogación de la Ley de Zona Fría “es un despropósito que afectará a miles de familias bonaerenses. Una nueva arremetida a usuarios y trabajadores que tendrán tarifas impagables. La casta éramos nosotros”.
Miguel Lunghi, intendente radical de Tandil, se había expresado en la misma línea que Montenegro. “Es importante que entendamos que esto no es un privilegio ni un regalo: es una cuestión de equidad y de federalismo. El gas es un servicio esencial y nadie puede negar la realidad que vivimos cada invierno en nuestra ciudad, la que nos obliga a consumir mucho más gas que otras zonas para combatir las bajas temperaturas”, había manifestado.
Finalmente y ante la presión ejercida por los intendentes de la Región como también legisladores de distintos sectores políticos, el Gobierno nacional decidió no avanzar con la eliminación de este beneficio por el cual muchas familias podrían haber llegado a recibir facturas de gas con cifras desorbitantes.
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