Desde hace tiempo el Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar (STMP) mantiene un conflicto con el Ejecutivo local en torno a los alcances y la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).
En ese marco, este lunes los representantes gremiales fueron al Concejo Deliberante donde se debatirían los detalles del acuerdo para su homologación. Sin embargo, lejos de lograrse una solución, el conflicto continúa, ya que los ediles del oficialismo -mayoría en el Cuerpo Deliberativo- oficializaron el CCT en sintonía con la postura del actual intendente, Martín Yeza, quien no reconoce la retroactividad del convenio firmado en marzo, uno de los principales puntos reclamados por los trabajadores.
Cabe recordar que este conflicto -que comenzó en septiembre- había desembocado en una serie de medidas de fuerza por parte del gremio que demandaron la intervención del ministerio de Trabajo de la Provincia, que a mediados de octubre le había dado la razón al STMP.
Al llegar el momento de la homologación del Convenio Colectivo en el Concejo Deliberante, los trabajadores pidieron que se aclare la retroactividad al 1º de abril y se asiente que los plus por categoría se abonen a partir de enero de 2024.
Sin embargo, este pedido no fue contemplado, por lo que el conflicto recrudeció. Los trabajadores manifestaron su malestar con una protesta que incluyó quema de cubiertas frente al Municipio y le arrojaron huevos al auto de una funcionaria.
“Hoy, 6 de noviembre, se nos convocó al Concejo Deliberante de Pinamar para discutir la homologación del convenio colectivo 104/23”, indicaron desde el Sindicato en sus redes sociales. “Una vez más, el Ejecutivo, liderado por su intendente, demuestra inoperancia y soberbia en su esfuerzo por resolver este conflicto. Utilizando amenazas de descuentos, intentan amedrentar a los trabajadores. Es evidente que, al intendente, quien dejará su mandato el 10 de diciembre, le importa poco el bienestar de los trabajadores”, consideraron.
Yeza se pronunció al respecto en sus redes sociales, donde criticó los métodos de protesta sin hacer alusión a los pedidos de los municipales sobre el CCT: “Prendieron fuego neumáticos, pusieron barricadas en todas las entradas del municipio, no dejan salir a los funcionarios y a algunos particularmente los amenazan con golpearlos violentamente. La verdad es que esto es decadente, está hecha la denuncia penal". El jefe comunal consideró que "entiendo que algunos piensen que ‘esto es una manifestación’, los invito, especialmente en estos días de conmemoración de la democracia, a pensar seriamente si esta violencia es realmente una manifestación o es otra cosa”.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.