El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que a partir del 1 de octubre el piso del Impuesto a las Ganancias subirá hasta 1.770.000 pesos mensuales, lo que eximirá del pago a unos 800.000 contribuyentes y dejará al margen de la carga al 90 por ciento de quienes actualmente lo tributan.
Massa hizo el anuncio en la Plaza de Mayo tras un encuentro que mantuvo en el Palacio de Hacienda con los principales dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y a autoridades de la Cámara de Diputados, donde se precisó que el piso será equivalente a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) mensuales, actualmente en $118.000.
“Hemos tomado la decisión de, por decreto, impulsar desde el 1 de octubre un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos. En la Argentina solo van a quedar 80.000 gerentes, jubilados de privilegio o beneficiarios de altos ingresos pagando el Impuesto a las Ganancias”, aseguró Massa.
Al mismo tiempo, dijo que enviará al Congreso un proyecto de ley para que el nuevo piso se ajuste de manera semestral, en conformidad con la evolución del SMVM, de manera que el cambio quede institucionalizado y, así, mantener constante el porcentaje de trabajadores que pagan este gravamen.
“Para mí, el salario no es ganancia. Es remuneración, el pago por el trabajo y esfuerzo que hace cada trabajador. Tenemos que terminar con esta locura de que un trabajador no quiera hacer horas extras para no perderla en el impuesto”, aseguró Massa.
EL PROYECTO
El proyecto que presentó este lunes el ministro de Economía plantea que el Impuesto a las Ganancias (cuarta categoría) cambie de nomenclatura por la de impuesto a los "Mayores Ingresos" y que solo pagarán unos 80.000 contribuyentes, que se corresponden con trabajos de CEOs, gerencias, subgerencias y puestos calificados, así como jubilaciones y pensiones de privilegio, que representan menos del 1% (0,88%) del total de los empleos registrados del país.
El nuevo mínimo no imponible se ajustaría en enero y julio de cada año -según establece el proyecto de ley-, y mantiene el beneficio del 22% de zona desfavorable.
También se eliminarán distorsiones de las deducciones personales y generales que obligan al trabajador a estar pendiente de cuestiones administrativas.
Para tomar como ejemplo: un trabajador en relación de dependencia con una remuneración bruta mensual de $ 800.000 percibía, hasta ahora, un ingreso neto mensual de $ 550.308, ya que debía afrontar la retención de cargas sociales por $ 132.001 y el pago del impuesto a las Ganancias por $ 117.690.
En cambio, con el nuevo mínimo no imponible, el mismo salario bruto implicará un ingreso neto de $ 667.999, lo que implica una mejora de $ 117.690 en el salario de bolsillo, equivalente a un incremento del 21,4%.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.