El Gobierno nacional se sumó así a las manifestaciones de solidaridad con la Vicepresidenta que llegaron desde diferentes sectores del Frente de Todos durante la jornada del sábado, los cuales denunciaron un intento de proscripción contra ella al entender que una eventual condena en su contra podría prohibirle ser candidata en las elecciones de 2023.
En primer lugar, salió a la luz el comunicado de 500 intendentes de Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del estero, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz.
En este aseguraron que "la persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que, bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente".
Asimismo, en la tarde del domingo, los diputados nacionales del Frente de Todos publicaron su propio comunicado en apoyo a CFK. En su mensaje, mostraron su repudio a "toda utilización del Poder Judicial como mecanismo de persecución de dirigentes políticos y sociales".
Por otro lado, los senadores y diputados bonaerenses también se hicieron eco de la situación y se sumaron a sus compañeros con un comunicado en redes sociales para señalar que la causa "Vialidad" es "un episodio más del hostigamiento político, judicial y mediático que se lleva adelante de forma coordinada en nuestro país y en Latinoamérica desde el año 2015". "En el caso de nuestra Vicepresidenta, esta práctica tiene un claro objetivo: proscribirla políticamente", añadió el texto.
También, distintas personalidades de la política y los derechos humanos se expresaron en esa línea a través de una solicitada titulada "No al lawfare y el intento de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner", y que fue publicada el domingo en dos matutinos. "Por medio de un procedimiento judicial reñido con las más elementales reglas de procedimiento se procura el objetivo de la proscripción política de Cristina Kirchner", sostuvo el texto.
— Diputadxs del Frente de - PBA (@FrenteTodos_PBA) August 21, 2022
Entre los firmantes están la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida; el exjuez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni y el abogado Eduardo Barcesat; la militante de derechos humanos Rosa Bru; el periodista Víctor Hugo Morales; el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) y diputado del Parlasur, Víctor Santa María, y la especialista en temas de género Dora Barrancos, entre otros intelectuales, periodistas, parlamentarios, gremialistas, embajadores, funcionarios y artistas.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.