El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla procesó a Matías Rappallini, intendente de Maipú, y siete personas más por fraude en las últimas elecciones.
El juez los acusó de realizar “diversas acciones coordinadas junto con otras personas que incluyeron el ejercicio de violencia, intimidación, amenazas, coacciones, engaños y/u ofrecimientos ilegítimos de dinero, bienes y/o acceso a programas de asistencia o beneficios estatales, dirigidas a obtener los documentos de identidad de numerosas personas con el fin de retenerlos, y así impedirles ejercer su derecho al sufragio y/o compelerlas a votar a determinados candidatos, en las elecciones generales que se celebraron el 27 de octubre de 2019 en el distrito electoral de Maipú, Provincia de Buenos Aires”.
Además de Rapallini, el procesamiento sin prisión preventiva de Ramos Padilla alcanzó a Franco y Diego Miluzzi, Raúl Ibarra, María Fernández, Carlos Villalba, Miguel Ángel Silva y César Nievas como “coautores penalmente responsables del delito de retención indebida de documentos de terceros en concurso ideal con el delito de inducir a electores con engaños a abstenerse de sufragar, ello en forma sistemática y reiterada”.
Veintisiete testigos coincidieron en que semanas o días antes de las elecciones, una persona les ofrecía “comprarles” su DNI a cambio de dinero, materiales para la construcción, alimentos, acceso a programas de gobierno o gestión de trámites.
“También se verificó una modalidad específica en las personas que trabajaban en la cooperativa municipal: distintos trabajadores, trabajadoras y sus grupos familiares refirieron haber sido amenazados: en caso de no entregar sus documentos de identidad, perderían su trabajo”, indicó el magistrado.
Ramos Padilla decidió apartar de la investigación a la policía comunal de Maipú, ya que Franco Miluzzi, uno de los procesados, es un ex agente. En su declaración indagatoria, Miluzzi afirmó que existía una complicidad entre las autoridades de la fuerza policial de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Maipú –dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires–, las autoridades del municipio y algunas de las personas imputadas.
“Yo lo que tenía que hacer es que la gente lo votara al intendente Rapallini”, declaró Miluzzi y en otro tramo explicó: “Los DNI que juntábamos se los daban al intendente. Yo junté muchos más DNI, pero con ninguno tuve problema; el intendente quería juntar DNI antes de las elecciones”.
El candidato del Frente de Todos, Facundo Coudannes, ya había pedido impugnar los comicios, indicando que “hubo más de 150 personas a las que se les retuvo el documento para impedirles que puedan expresarse y elegir libremente ante la duda, o más bien la certeza, de que nos iban a votar a nosotros”.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.