La CGT repudió la colocación en las rejas de la Casa Rosada, durante el "tractorazo", de muñecos con fotos de funcionarios, dirigentes del oficialismo y representantes de organismos de derechos humanos simulando ahorcamientos. "La legitimidad de cualquier protesta se pierde cuando el odio prevalece sobre el reclamo", dice el comunicado que lleva la firma de los cosecretarios generales de la central obrera, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.
Los dirigentes gremiales rechazaron la "estigmatización" que caracterizó a la protesta del sábado pasado y afirmaron que "es inexcusable que los principales dirigentes de la oposición se abracen a cualquier consigna y consientan agravios personales de toda índole a figuras políticas de otros espacios en la mezquina búsqueda de votos".
También remarcaron que "el debate político no puede teñirse de odios irreconciliables y mucho menos personales, y es responsabilidad de los dirigentes hallar los límites y no sobrepasarlos", y añadió que quienes tienen aspiraciones de conducir los destinos del país "no pueden subirse al primer tractor que pase por su puerta para congraciarse con un puñado de voluntades", afirmaron los dirigentes obreros.
Por otra parte, la legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) Victoria Montenegro presentó un pedido de informes dirigido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y referido al "tractorazo" en el que solicita saber, entre otros puntos, si las cámaras de seguridad registraron la zona de la Pirámide de Mayo, donde manifestantes colgaron muñecos con fotos de funcionarios, dirigentes del oficialismo y representantes de organismos de derechos humanos simulando ahorcamientos.
"Se trata de una clara señal de amenaza respaldada en consignas odiantes que acompañaron toda la jornada y se escucharon en medios de comunicación", manifestó Montenegro, titular de la comisión parlamentaria de Derechos Humanos.
Los muñecos, de color negro y ahorcados con sogas, tenían fotos de los rostros de funcionarios del Gobierno nacional y dirigentes de derechos humanos, entre ellos el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
El pedido de informes solicita también conocer la "totalidad de dispositivos y servicios públicos que el Gobierno de la Ciudad dispuso a los efectos del desarrollo de la manifestación", así como los "mecanismos y dispositivos de seguridad" previstos por la Policía porteña.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.