Mediante el Decreto 292/2020 emitido desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobaron el convenio de asistencia financiera con el Ejecutivo de la Nación para hacer frente a las erogaciones correspondientes a servicios básicos y programas sociales.
De acuerdo a los considerandos de la norma, ya por intermedio "el convenio suscripto el 7 de julio de 2021, por el cual el Estado Nacional asistió financieramente a la Provincia por un monto total de $37.618.000.000, a fin de fortalecer el funcionamiento de la gestión provincial y la financiación de programas sociales".
Ahora, en el Decreto recientemente publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires expusieron que "las partes celebraron, el día 3 de marzo de 2022, un nuevo Convenio de Asistencia Financiera por la suma de hasta $53.801.000.000".
"El Estado Nacional se compromete a transferir la suma de $5.658.000.000 en concepto de asistencia financiera complementaria respecto de lo acordado en el artículo 1° del Convenio aprobado por Decreto N° 83/22", publicaron.
Apoyo
Esta aprobación del convenio de asistencia financiera llega en el marco de la fructífera relación que mantienen el gobernador Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández y de los entendimientos interministeriales y entre los gabinetes de la Provincia y la Nación.
Con esto, desde Casa de Gobierno sumaron una gran suma de dinero para afrontar la cobertura de erogaciones sociales y de provisiones primordiales con tal de asistir a los sectores más golpeados por la pandemia y en estado de vulnerabilidad.
Ante una creciente inflación que ya pronostican por encima de los 6 puntos para el mes de marzo (dato que se conocerá en los próximos días), desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires buscan paliar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo.
05 de junio. “Para nosotros es fundamental. Recibimos entre 50.000 y 80.000 turistas”, dijo Gustavo Barrera durante una reunión de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debatieron dos proyectos para reorganizar el calendario de feriados.
02 de junio. Como adelantó Entrelineas.info y reconoció Carlos Bianco, varios municipios del interior bonaerense enfrentan una crisis económica profunda. El caso de Villa Gesell expone la gravedad del escenario: recortes de funcionarios, fusión de áreas y preocupación por el pago de sueldos y aguinaldos.
31 de mayo. Mientras Milei, el PRO y parte del radicalismo negocian un frente antiperonista en la provincia, en municipios como La Costa la unidad suena más a fantasía que a plan real. Todos contra todos: acusaciones cruzadas, internas al rojo vivo y alianzas fallidas dibujan un escenario donde cualquier acuerdo parece más un rejunte que una alternativa de poder.
28 de mayo. Esteban Santoro, intendente madariaguense, se convirtió en el primer dirigente político importante que denuncia directamente a la obra social de los jubilados. Jorge Villalba, secretario de Salud geselino, anticipó que el municipio también prepara una denuncia formal.
27 de mayo. El 6 de junio, Javier Milei será recibido por el sucesor de Francisco en el Vaticano. Luego viajará a Italia, Francia e Israel, en una gira marcada por contradicciones ideológicas, tensiones globales y objetivos diplomáticos.
26 de mayo. El ajuste nacional ya impacta de lleno en las finanzas locales: varias comunas del interior bonaerense advierten graves dificultades para cumplir con sus obligaciones. Villa Gesell declaró la emergencia económica, mientras que en el vecino Partido de La Costa confirmaron que los pagos están garantizados. “Hay municipios muy complicados”, advirtió el ministro Carlos Bianco.
22 de mayo. La referente local de La Libertad Avanza descartó cualquier alianza con el exintendente y denunció irregularidades durante su gestión. “Nosotros no hacemos acuerdos con quienes usaron el Estado”, aseguró.
22 de mayo. Por la decisión de no trasladar el 12 de octubre, que este año cae domingo, distintos municipios turísticos de la Quinta Sección advierten que perder el fin de semana largo afectará gravemente las economías locales. Piden al Congreso que revierta la medida.