Funcionarios de Estados Unidos y Venezuela discutieron este fin de semana la posibilidad de aliviar las sanciones petroleras al país caribeño, aunque lograron pocos avances hacia un acuerdo en su primera reunión bilateral de alto nivel en años. Una delegación estadounidense encabezada por Juan González, el principal asesor de la Casa Blanca para América latina, y James Story, embajador en Venezuela, sostuvo conversaciones en el palacio de Miraflores con el presidente Nicolás Maduro y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, buscando determinar si Caracas está preparada para distanciarse de Rusia, uno de sus principales aliados, en medio de la operación militar en Ucrania.
El gobierno de Estados Unidos pone sobre la mesa una posible reducción de las sanciones a Venezuela que permitiría a este país, entre otras cosas, producir más petróleo y venderlo en el mercado internacional, con el objetivo indirecto de aislar aún más al gobierno de Vladimir Putin. Mientras tanto, Washington sigue considerando a Venezuela una "amenaza a la seguridad nacional y la política exterior" de acuerdo una orden ejecutiva de 2015 que acaba de ser extendida por el presidente Joe Biden.
El petróleo como eje del diálogo
Estados Unidos rompió las relaciones diplomáticas con Venezuela y cerró su embajada en Caracas en 2019, después de acusar Maduro de fraude electoral en las elecciones presidenciales. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania está llevando a Estados Unidos a prestarle una mayor atención a los aliados del presidente Putin en América latina, que Washington considera que podrían convertirse en amenazas a la seguridad si el enfrentamiento con Rusia se profundiza, según estimaron funcionarios estadounidenses citados por el New York Times.
Estados Unidos también busca garantizar suministros alternativos de petróleo en caso de decidir sanciones más amplias a la industria energética de Moscú. Washington impuso en 2019 sanciones sobre el petróleo venezolano, lo que ha derivado en una dependencia mayor de Moscú. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reveló el domingo que tanto su país como sus aliados europeos valoran la posibilidad de un embargo total sobre el petróleo ruso.
Los pedidos de ambas partes
El gobierno venezolano aprovechó las conversaciones del fin de semana para exigir el alivio de las sanciones económicas, mientras que Washington buscó garantías de elecciones presidenciales libres, reformas amplias de la industria petrolera de Venezuela para facilitar la producción y las exportaciones de empresas extranjeras y la condena pública a la invasión de Ucrania. El pasado 25 de febrero, el gobierno de Venezuela culpó a Estados Unidos y la OTAN por el conflicto en Ucrania, aunque expresó "preocupación por el empeoramiento de la crisis".
Una concesión de Estados Unidos sería permitir que Venezuela use temporalmente el sistema SWIFT, el cual facilita transacciones financieras entre bancos de todo el mundo. Para Maduro lo primordial es el levantamiento total de las sanciones que prohíben exportar petróleo venezolano así como las que están dirigidas a funcionarios del gobierno, de acuerdo al diario El Nacional.
En la reunión, los funcionarios estadounidenses también reiteraron su demanda por la liberación de seis exfuncionarios de la petrolera Citgo detenidos en Venezuela. Pero no se ofreció ningún tipo de canje que involucre a un aliado clave de Maduro, el empresario colombiano Alex Saab detenido en Estados Unidos. Se trata de una demanda del mandatario venezolano para volver a México, donde sostenía conversaciones con la oposición venezolana.
Miembros del equipo del jefe de la oposición venezolana, Juan Guaidó, solo fueron notificados sobre la reunión entre altos funcionarios de Washington y Caracas el sábado por la mañana. Guaidó fue reconocido por Estados Unidos y otros países como el presidente interino de Venezuela después de que consideraran que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta, pero varias naciones le han retirado ese reconocimiento en los últimos tiempos.
"Amenaza de seguridad nacional"
En los instantes previos al inicio de las reuniones entre ambos países, el gobierno venezolano repudió la nueva extensión de la "Orden Ejecutiva" del ocho de marzo de 2015, firmada por el entonces presidente Barack Obama y ahora continuada por Joe Biden, que define al país del Caribe como una amenaza a su seguridad nacional.
Un comunicado de la Cancillería de Venezuela advierte que, tras siete años de "agresiones injustificadas", la orden es "la excusa para que la Casa Blanca continúe aplicando las criminales medidas coercitivas unilaterales, que se constituyen en crímenes de lesa humanidad contra los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas".
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.