El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, supone una amenaza para la democracia en su país por sus intentos de “mellar” la confianza en los sistemas electoral y judicial a menos de un año de las elecciones de octubre, advirtió la ONG Human Rights Watch (HRW) en su informe anual. “Bolsonaro ha supuesto un gran retroceso en la evolución de la democracia brasileña”, dijo Kenneth Roth, director de la organización defensora de derechos humanos, en la presentación del reporte desde Sao Paulo.
HRW responsabilizó al mandatario de extrema derecha de intentar debilitar los “pilares de la democracia” al atacar al Supremo Tribunal Federal, que inició cuatro investigaciones penales en su contra, y por repetir “alegaciones infundadas de fraude electoral” en la antesala de los comicios.
“Con la cercanía de las presidenciales de octubre de 2022, las instituciones democráticas brasileñas deben proteger los derechos al voto y la libertad de expresión de cualquier tentativa de subversión del sistema electoral o del debilitamiento del Estado de derecho y las libertades fundamentales por parte del presidente”, señalaron desde la organización.
Campaña contra el voto electrónico
El mandatario brasileño emprendió el año pasado una campaña contra el actual sistema electrónico de voto de Brasil, al que cuestiona -sin pruebas- por supuestamente prestarse al fraude.
Bolsonaro llegó incluso a declarar que se negará a reconocer una eventual derrota y que “solo Dios” lo sacará del poder si pierde la batalla electoral, en la que probablemente tenga como rival al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en las encuestas, si bien aún no oficializó su candidatura.
En su reporte, HRW también denunció que el Gobierno brasileño buscó enviar a prisión a “por lo menos 17 críticos” de su gestión, al servirse de una ley de seguridad nacional promulgada durante la dictadura militar (1964-1985) y que fue revocada por el Congreso en agosto.
Políticas contrarias a los derechos humanos
Además, la directora de HRW Brasil, Maria Laura Canineu, criticó la “política desastrosa en relación con la pandemia”, minimizada por el gobernante y que deja más de 620.000 muertos en el país, una cifra superada solo por Estados Unidos, así como la deforestación en la Amazonía, la más alta desde 2006.
“El gobierno de Bolsonaro promovió políticas contrarias a los derechos humanos en otras áreas, incluyendo derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres, derechos de las personas con discapacidades y libertad de expresión”, resaltó el documento.
El informe advierte, asimismo, que la letalidad policial alcanzó un número récord en el gigante sudamericano, con más de 6.400 víctimas fatales -de las cuales el 80% eran negros– en 2020, el último año sobre el cual hay datos disponibles.
La cifra, consolidada por la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), es la más alta desde que existen registros.
“Si bien algunas muertes por policías son en defensa propia, muchas otras son resultado del uso ilegal de la fuerza”, aseguraron desde HRW. Canineu lamentó la impunidad en esos casos y acusó a Bolsonaro de “no condenar nunca la violencia policial, inclusive de incitarla”.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.