La legisladora del Frente de Todos por la quinta sección electoral, Gabriela Demaría, presentó un proyecto para que la provincia de Buenos Aires adhiera a la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable, sancionada el pasado 26 de octubre, e implemente medidas para su aplicación en el territorio bonaerense.
Cabe recordar que la Ley Nacional busca “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas alcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y activas”.
En ese sentido, “se deberá advertir a consumidoras y consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías” incorporando en la parte frontal de los envases o envoltorios un sello octogonal negro con letras blancas que informe sobre esa situación.
En este marco, la senadora Demaría propuso una serie de medidas específicas para la implementación de esta norma en la Provincia. En esa línea, el proyecto impulsa la creación del Registro Provincial de Infractores y promueve que cualquier consumidor, consumidora, usuario, usuaria o asociación de consumidores esté facultado a realizar denuncias ante eventuales incumplimientos a la mencionada Ley.
“Resulta fundamental otorgar herramientas para que las/os consumidoras/es y usuarias/os bonaerenses puedan ejercer un control sobre el debido cumplimiento de la ley”, argumentó Demaría, actual presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado.
La implementación de un Registro de Infractores Provincial de carácter público pretende “por un lado, otorgar transparencia al régimen y satisfacer el derecho a la información de los/as consumidores/as; y, por el otro, constituir un elemento de disuasión para los sujetos pasivos que potencialmente puedan incurrir en incumplimientos a la normativa instituida en la Ley Nacional”, expresa la letra del proyecto que ingresó en el Senado bonaerense.
La Ley de Etiquetado Frontal es “una herramienta importantísima de salud pública, que permitirá abordar distintas problemáticas como los elevados índices de sobrepeso que en Argentina afectan al 41% de las niñas, niños y jóvenes de entre 5 y 17 años, así como también promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles”, sostuvo la senadora Demaría, a la vez que celebró la sanción de la norma que “garantiza el derecho de la población a acceder a la información sobre lo que consume y busca promover una alimentación saludable”.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.