La informalidad es uno de los grandes problemas de la economía argentina. Con esto en la mira, y para empezar a dar soluciones a los trabajadores de la economía popular, el Gobierno enviará una tanda de proyectos al Congreso que buscan incentivar la registración de trabajadores y trabajadoras al mismo tiempo que lanzar nuevos fondos que permitan el acceso al financiamiento para proyectos productivos en este sector.
Además, estimularán la demanda de los productos de la economía popular a través de una modificación de ley de las compras del Estado y también simplificarán los trámites burocráticos para evitar que las cooperativas cesen sus actividades por las trabas regulatorias.
Nuevo “Monotributo Inclusivo”
El primero de los proyectos tiene que ver con modificaciones fiscales que busca aumentar la registración, para hacerla más sencilla y económica que el actual monotributo. Por eso, desde el oficialismo hablan de monotributo inclusivo. En lo concreto, buscará crear un “Puente de inclusión al régimen simplificado para pequeños contribuyentes”.
¿De qué se trata? De una nueva instancia de registración que funcionará como puente de entrada al sistema tributario. Así, una persona que desarrolla su actividad económica en la economía popular, se dará de alta en el monotributo y, a lo largo de cuatro años que dura la transición, verá reducidos los montos que debe pagar.
En el caso de los trabajadores que se registren en las categorías A, B y C del monotributo, estarán eximidos de pagar el tramo impositivo; no realizarán el aporte a la obra social (porque tendrán la cobertura de los programas nacionales del Ministerio de Salud de la Nación) y, después de dos años, recién pagarán el 50% de los aportes previsionales. Es decir: durante dos años no pagará nada y recién en el tercer y cuarto año deberá hacerle frente una parte de lo que corresponde en el régimen simplificado.
En el caso de las categorías más altas, como la D y superiores, estarán eximidos del impuesto durante los primeros dos años (en el tercer y cuarto deberán pagar el 50% y el 75% respectivamente); no deberán pagar el aporte de la obra social (porque serán cubiertos por la salud pública) y, del componente previsional, deberán realizar un pago escalonado a lo largo de los cuatro años (el primer año estarán eximidos, el segundo pagarán 25%, el tercer año el 50% y el cuarto año el 75%).
¿Quiénes podrán darse de alta en este nuevo “monotributo inclusivo”? Todas las personas, ya que será universal. La clave es que podrán inscribirse aquellas personas que actualmente tienen alguna actividad económica pero no están registradas de ninguna manera. Pueden darse de alta, entonces, personas que no están en el circuito formal, los desocupados o aquellas que se inician a la actividad económica.
Acceso al Financiamiento
La registración es el primer paso en el camino de la inclusión de los sectores de la economía popular a otra serie de derechos. Uno de ellos es el acceso al financiamiento en el circuito formal, ya que por lo general suele ser muy complejo para estos trabajadores y emprendimientos obtener créditos bancarios. De la mano del proyecto para ampliar la registración, el Ejecutivo también enviará al Congreso otro proyecto para crear dos fondos fiduciarios que habiliten préstamos, avales y tasas subsidiadas para proyectos productivos.
Uno de los fondos será manejado por el INAES y estará compuesto por capitales mixtos, tantos provistos por el Estado como por el sector cooperativo y de mutuales. El otro será principalmente conformado gracias a aportes del Tesoro Nacional y financiará proyectos de mayor envergadura. Además, en este último caso, se buscará trabajar con el sector bancario para que, a través de una nueva regulación del Banco Central, eleven los porcentajes que deben destinar a créditos para los emprendimientos de la economía popular con avales de este nuevo fondo.
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