El Gobierno lanzará el martes, en una pyme de Avellaneda que se dedica al reciclaje de plástico, un plan de desarrollo productivo verde, que prevé desembolsos por más de $10.000 millones y que buscará que las empresas, sobre todo las pyme, sean más ecológicas y sustentables ambientalmente.
Según adelantaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, este ″Green New Deal”, como se vende oficialmente, buscará promover “herramientas de apoyo técnico y financiero para la mejora tecnológica ambiental en empresas argentinas en diferentes sectores”.
La idea del oficialismo es promover procesos productivos circulares, la reducción y reutilización de materiales en desuso, promocionar el uso de las energías renovables y así como la reducción del consumo energético, entre otras cuestiones.
“Es un plan integral que va a tener en cuenta todas las dimensiones de sostenibilidad: a través del desarrollo productivo articular la sostenibilidad macroeconómica con la sostenibilidad social, generando puestos de trabajo a partir de la recuperación de la producción nacional. Y al mismo tiempo articular estos principios con la sostenibilidad ambiental. Hay que mirarlo integralmente, es un proceso secuencial y avanzamos en esa dirección”, afirmaron, sin dar mayores precisiones sobre el proyecto.
La idea, contaron, es fomentar la productividad y la competitividad, así como la diferenciación de productos a través de la innovación, el ecodiseño y la economía verde para mejorar el acceso a mercados dinámicos.
Economía circular
“Va favorecer los procesos productivos circulares, la paulatina reducción y la reutilización de materiales en desuso. Va a promocionar el uso de las energías renovables y la producción de equipamiento nacional para su aprovechamiento, así como la reducción del consumo energético como estrategia de mejora de competitividad”, indicaron desde la cartera que conduce Matías Kulfas.
Allí esperan que el proyecto propicie la “resiliencia de las pequeñas y medianas empresas para reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos y las economías regionales frente al cambio climático”.
Por otro lado, buscan que vaya de la mano con el trabajo que el ministerio que conduce Kulfas está haciendo para tener una minería sustentable, a través del Plan Estratégico de Desarrollo Minero.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.