La ciudad de Mar del Plata podría llegar a tener el boleto más caro en el transporte, ya que según aseguraron desde el bloque de concejales del Frente de Todos de esa ciudad, el intendente Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio) habría acordado con los empresarios de transporte un boleto de 93 pesos, luego de una inflación que obligó a actualizar las tarifas.
Los concejales opositores aseguran que –de aprobarse- la ciudad pasará a tener el precio del colectivo más caro del país, con un aumento de más del 400% en poco más de un año.
“El gobierno de Guillermo Montenegro pretende habilitar a las empresas a que cobren el boleto de colectivo 93 pesos, en plena pandemia. Hablamos de un pésimo servicio, y sería la tarifa más cara del país”, apuntaron los ediles del bloque peronista, en un comunicado.
La oposición machacó que además, el intento de aumentar exponencialmente el precio del boleto se da en un contexto de pandemia, en donde de por sí el uso del transporte público admite un riesgo a la salud. Sin mencionar que la crisis económica y social se agrava con el correr de los meses.
Además, desde el Bloque del Frente de Todos explicaron que “días atrás, las empresas concesionarias del transporte público en la ciudad solicitaron un aumento de boleto a 96 pesos argumentando que se vieron perjudicadas económicamente por los efectos de la pandemia. Ante este pedido, la respuesta a dicha solicitud desde el gobierno municipal de Cambiemos fue avalar esa suba con el informe de Movilidad Urbana, proyectando una tarifa de 93 pesos afectando, una vez más, a los usuarios del transporte público”.
De esta forma, los ediles opositores consideraron que el municipio que conduce Montenegro avalaría un aumento del 416% en menos de un año y medio de gestión, teniendo en cuenta que en diciembre de 2019 el boleto costaba $18.
05 de junio. “Para nosotros es fundamental. Recibimos entre 50.000 y 80.000 turistas”, dijo Gustavo Barrera durante una reunión de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debatieron dos proyectos para reorganizar el calendario de feriados.
02 de junio. Como adelantó Entrelineas.info y reconoció Carlos Bianco, varios municipios del interior bonaerense enfrentan una crisis económica profunda. El caso de Villa Gesell expone la gravedad del escenario: recortes de funcionarios, fusión de áreas y preocupación por el pago de sueldos y aguinaldos.
31 de mayo. Mientras Milei, el PRO y parte del radicalismo negocian un frente antiperonista en la provincia, en municipios como La Costa la unidad suena más a fantasía que a plan real. Todos contra todos: acusaciones cruzadas, internas al rojo vivo y alianzas fallidas dibujan un escenario donde cualquier acuerdo parece más un rejunte que una alternativa de poder.
28 de mayo. Esteban Santoro, intendente madariaguense, se convirtió en el primer dirigente político importante que denuncia directamente a la obra social de los jubilados. Jorge Villalba, secretario de Salud geselino, anticipó que el municipio también prepara una denuncia formal.
27 de mayo. El 6 de junio, Javier Milei será recibido por el sucesor de Francisco en el Vaticano. Luego viajará a Italia, Francia e Israel, en una gira marcada por contradicciones ideológicas, tensiones globales y objetivos diplomáticos.
26 de mayo. El ajuste nacional ya impacta de lleno en las finanzas locales: varias comunas del interior bonaerense advierten graves dificultades para cumplir con sus obligaciones. Villa Gesell declaró la emergencia económica, mientras que en el vecino Partido de La Costa confirmaron que los pagos están garantizados. “Hay municipios muy complicados”, advirtió el ministro Carlos Bianco.
22 de mayo. La referente local de La Libertad Avanza descartó cualquier alianza con el exintendente y denunció irregularidades durante su gestión. “Nosotros no hacemos acuerdos con quienes usaron el Estado”, aseguró.
22 de mayo. Por la decisión de no trasladar el 12 de octubre, que este año cae domingo, distintos municipios turísticos de la Quinta Sección advierten que perder el fin de semana largo afectará gravemente las economías locales. Piden al Congreso que revierta la medida.