El intendente de Pinamar, Martín Yeza, se refirió a la detención de dos empleadas municipales, en el marco de una causa por robo de tarjetas Alimentar y el desvío de dos millones de pesos.
Un día después de que la Justicia detuviera a dos empleadas de la Municipalidad de Pinamar, en el marco de una investigación por el robo de fondos de Tarjetas Alimentar, el intendente Martín Yeza, de Juntos por el Cambio, adelantó que tanto él como todo su equipo está "a entera disposición de la Justicia".
Yeza aprovechó las redes sociales y desde bien temprano sentó posición del gobierno que encabeza. "Nuestro equipo está a entera disposición de la Justicia para que se esclarezcan los hechos y se determinen los responsables", señaló.
También el jefe comunal de Pinamar adelantó que internamente se iniciará "una investigación administrativa para establecer responsabilidades en el ámbito de la órbita pública".
En el día de ayer dos empleadas municipales fueron detenidas en el marco de una investigación vinculada al robo de fondos con la tarjeta alimentar. Nuestro equipo esta a entera disposición de la justicia para que se esclarezcan los hechos y se determinen los responsables.
— Martín Yeza (@martinyeza) March 19, 2021
Cómo fue el robo de las tarjetas alimentar
Hay que recordar que la causa investiga el desvío de más de dos millones de pesos y que se inició por la denuncia de la ex concejal y ex titular de Desarrollo Social, Nora Ponce.
Ayer, la fiscalía especializada en delitos de corrupción de Dolores, a cargo del fiscal Mario Rafael Pérez, realizó distintos allanamientos en dependencias municipales y comercios locales y procedió a detener a dos empleadas municipales.
Según informaron fuentes judiciales a Infocielo, la estafa se habría consumado a partir del robo de un lote de tarjetas que no habían sido entregadas por la pandemia.
La sospecha es que luego se simularon, a través de comercios, compras con tarjetas por un monto de $2.092.000 que más tarde fueron transferidos a cuentas personales en el Banco Provincia. En total serían seis las personas implicadas.
Hay que señalar que las Tarjetas Alimentar fueron implementadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con montos de hasta 9.000 pesos que sólo pueden destinarse a la compra de alimentos de la canasta básica.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.