La Policía Federal allanó las sedes de la Secretaría de Deportes y Desarrollo Social del municipio de Pinamar, y detuvo a seis personas, entre ellas dos funcionarias municipales, por irregularidades en la entrega de la Tarjeta Alimentar.
La causa se inició luego de la denuncia de la ex concejal y ex titular de Desarrollo Social, Nora Ponce, y recayó en la fiscalía especializada en delitos de corrupción de Dolores, a cargo del fiscal Mario Rafael Pérez.
Según informaron fuentes judiciales a Infocielo, dos funcionarias de la secretaría de Desarrollo Social de Pinamar robaron lotes de la tarjeta alimentar que no habían sido entregadas por la pandemia de coronavirus, y se las dieron a la pareja de una de ellas.
A través de dos amigos comerciantes, simularon en los posnet compras con las tarjetas por un monto total de $2.092.000 que luego transfirieron a cuentas personales en el Banco Provincia. En total serían seis las personas implicadas.
Luego de los allanamientos, todos fueron detenidos bajo la acusación de “defraudación en perjuicio de la administración pública” y quedaron a disposición del juez de Garantías, David Mancinelli. Mañana deberán prestar declaración.
Desde la secretaría de Desarrollo Social de Pinamar, por su parte, señalaron que “se prestó colaboración con las autoridades requirentes a los fines del esclarecimiento de los hechos investigados”.
“El Municipio continuará con todas las medidas de colaboración solicitadas e instará los trámites correspondientes a los fines de investigar los hechos de los cuales puedan derivar responsabilidad administrativa y disciplinaria de los agentes involucrados”, finaliza el comunicado.
La tarjeta alimentar es una política del ministerio de Desarrollo Social de la Nación para asistir a los sectores más necesitados en el marco del Plan Argentina contra el Hambre. Sólo puede ser utilizada para la compra de alimentos de la canasta básica.
Cada tarjeta tiene un monto de $6.000 para las familias con un hijo y de $9.000 para quienes tienen dos o más hijos. Es importante recordar que las mismas no pueden ser utilizadas de manera telefónica ni virtual. Las compras deben realizarse de forma presencial y a través de un posnet.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.