El Gobierno nacional derogó hoy un decreto de la gestión del expresidente Mauricio Macri sobre política migratoria, al entender que los cambios efectuados bajo el Gobierno anterior "resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos".
Así lo establece el Decreto 138/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial, que deroga el decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley N° 25.871 que establece el régimen de la política migratoria argentina. La norma restituye "la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017" y dispone la creación de una "Comisión Asesora de Política Migratoria" que deberá "proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871".
La ley establece que el régimen de política migratoria argentina dispone reglas de admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas, así como los derechos y obligaciones de los extranjeros y las extranjeras que desean habitar en el país, según informó Télam.
El decreto derogado hoy "modificó aspectos sustanciales" de esa ley, según explican las autoridades en los considerandos de la norma, y agregan que como resultado de esas modificaciones se observan violaciones a los derechos humanos.
Entre ellas se citan "la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias".
En tanto, las autoridades nacionales añaden en el decreto de derogación que los cambios a la ley migratoria, agravaron "exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria".
Sobre este punto señalan que "distintas sentencias judiciales declararon la inconstitucionalidad de diversos aspectos del decreto" y que el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, dependientes de las ONU "han expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto".
En el mismo sentido, se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos que "ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio".
En el momento de la aplicación del decreto en 2017, Amnistía Internacional (AI) había advertido que esa norma introducía "impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa; elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina".
"El decreto está dirigido mayormente a evitar el ingreso de migrantes y facilitar los mecanismos de expulsión de aquellos que cuenten con antecedentes penales ampliando la posibilidad de hacerlo sin tener en cuenta la realidad de los migrantes, sus lazos con el país, el arraigo en la Argentina, los contextos familiares y la posibilidad de desmembrar una familia", señaló AI en aquella oportunidad, e indicó que la normativa "amplia el concepto de antecedentes penales vulnerando los derechos de los migrantes".
15 de marzo. El intendente Carlos Esteban Santoro firmó en La Plata un convenio con la ministra de Hábitat bonaerense, Silvina Batakis. La Provincia aportará más de $426 millones para completar servicios e infraestructura y avanzar hacia el sorteo y la entrega de las casas.
11 de marzo. Con Axel Kicillof encaminado a una candidatura presidencial, en el peronismo bonaerense ya se discute quién podría internar sucederlo. Entre los nombres que circulan aparecen Julio Alak, Gabriel Katopodis, Mayra Mendoza, Federico Achával y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. El detalle.
11 de marzo. Los liberales de Mar Chiquita viven horas de convulsión. Un comunicado oficial de La Libertad Avanza le marca la cancha a la concejal libertaria Patricia Heltner, electa en 2023.
09 de marzo. La decisión del Gobierno nacional impactará desde mayo en el Partido de La Costa. El programa que reemplazó al Potenciar Trabajo dejará de pagar el ingreso mensual y sería reemplazado por un esquema de capacitaciones laborales sobre el que aún no hay precisiones.
04 de marzo. En su discurso anual ante el Concejo Deliberante, el intendente aseguró que “mientras el gobierno nacional nos pide y nos somete a menos presencia del Estado, la sociedad en nuestro municipio nos exige más”. También insistió en la importancia de trabajar bajo la consigna “cuidar la vida” como pilar para la construcción de comunidad y desarrollo.
03 de marzo. En la apertura del 154º período ordinario de la Legislatura bonaerense, Axel Kicillof confirmó alivio fiscal a través de ARBA, el envío de una nueva Ley de Seguridad Pública, la obligatoriedad de la sala de 3 años por decreto y el impulso al laboratorio provincial de medicamentos. También reflotó el proyecto para regular a los trabajadores de plataformas digitales.
03 de marzo. En la apertura de las sesiones del Concejo Deliberante, el intendente resaltó la importancia del turismo en el desarrollo económico de la ciudad.
27 de febrero. La dimisión de Arnaldo “Lalo” Harispe, de 64 años, se efectivizará el 2 de marzo. Será reemplazado por Myriam Mongay, la presidenta del Concejo Deliberante, quien está al frente del Ejecutivo desde el 2 de enero, ya que el jefe comunal estaba de licencia por vacaciones.